La Fiscalía General de la República (FGR) declaró que hasta la fecha, Estados Unidos no ha aportado las pruebas suficientes para respaldar la solicitud de detención y extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros funcionarios.
Datos clave
- ¿Quién? Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
- ¿Qué? Solicitud de detención y extradición por parte de EE. UU.
- ¿Dónde? Sinaloa, México.
- ¿Cuándo? Solicitud realizada en abril de este año.
Durante una conferencia de prensa, las autoridades de la FGR subrayaron que la investigación se mantiene abierta, esperando que el gobierno estadounidense envíe la información necesaria que cumpla con los requisitos del sistema legal mexicano. Este proceso se inició a raíz de una investigación relacionada con presuntos delitos de narcotráfico.
David Boone, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que la solicitud de EE. UU. no cumple con el estándar probatorio mínimo exigido para proceder en el ámbito judicial mexicano. Hasta el momento, la FGR no ha encontrado evidencia concreta que fundamentaría la petición de captura presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
¿Qué funcionarios están involucrados en la investigación?
Además de Rubén Rocha Moya, otros funcionarios de Sinaloa han sido entrevistados en relación con la investigación, incluyendo al senador Enrique Inzunza y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Los señalamientos provienen de acusaciones de que estas figuras políticas habrían recibido sobornos de miembros del Cártel de Sinaloa para facilitar operaciones ilegales.
La FGR insiste en que está en proceso de recabar más pruebas, y la fiscal general, Ernestina Godoy, mencionó que se ha solicitado a EE. UU. explicar la urgencia de las órdenes de captura. Hasta ahora, la investigación se limita a las acusaciones realizadas y no se ha ampliado a otras posibles irregularidades.
¿Cuál es la postura del Gobierno de México?
Rubén Rocha Moya, quien es miembro del partido Morena, ha solicitado separarse temporalmente de su cargo para poder enfrentar las acusaciones en su contra. Otros funcionarios también han optado por tomar medidas similares. El gobierno federal, presidido por Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene la estrategia de no ejecutar extradiciones sin pruebas suficientes, en línea con la legislación mexicana.
La FGR continuará analizando la información disponible y a la espera de la documentación que pueda ser proporcionada por las autoridades estadounidenses para determinar si es factible avanzar en este caso. De acuerdo con las autoridades mexicanas, hasta el momento no existe el nivel de evidencia necesario para proceder.
Con información de mvsnoticias.com