El gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido citado por la Fiscalía General de la República debido a acusaciones de colaborar con el crimen organizado. La notificación se produjo el 23 de mayo, generando un impacto inmediato en el ámbito político del estado.
Poco después del anuncio, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, cuestionó a las autoridades sobre la tardanza en la citación de Rocha Moya, considerando su relación con el caso reciente que involucra a agentes de la CIA. La interpelación ha desatado un debate sobre la vigilancia de las acciones del gobernador sinaloense y de sus colaboradores.
Rocha Moya, quien forma parte del partido Morena, se enfrenta a serias acusaciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según las denuncias, él y otros nueve funcionarios municipales habrían facilitado el tráfico de armas y drogas en colaboración con el cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos.
Este tipo de acusaciones no son nuevas en el contexto mexicano, donde los vínculos entre políticos y el narcotráfico han sido el centro de numerosas controversias. Las revelaciones sobre las actividades de Rocha Moya podrían alterar significativamente el panorama político en Sinaloa y afectar la imagen del partido en el poder.
La citación de la FGR puede dar pie a una investigación más exhaustiva que busque esclarecer la veracidad de estas acusaciones. Las repercusiones de esta situación prometen ser significativas en las próximas semanas, mientras los ciudadanos siguen de cerca el desarrollo de este caso inquietante.
Con información de vanguardia.com.mx