El 9 de julio de 2026, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México desmintió informaciones que señalaban que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se encontraba resguardado por el Ejército en instalaciones militares. Este pronunciamiento surge en el contexto de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos debido a supuestos vínculos de Rocha con el cártel de Sinaloa.
Datos clave
- Cuándo: 9 de julio de 2026
- Quien: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
- Qué: Desmentido sobre su protección militar
- Dónde: México
- Contexto: Solicitud de extradición de Estados Unidos
El Gabinete, que incluye a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, declaró que las versiones publicadas en medios como El Universal y El Financiero son completamente infundadas. Aseguró que ningún operativo federal había sido realizado para cambiar la ubicación de Rocha Moya, y recalcó que "en el Gobierno de México no se protege a nadie". Este principio está en línea con la política de cero impunidad promovida por la administración actual.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el asunto durante su conferencia matutina, afirmando que el exgobernador "está en su casa" sin protección federal. Sheinbaum criticó las acusaciones de Estados Unidos, alegando que se utilizan como una forma de injerencia, y destacó que la Fiscalía está investigando las acusaciones contra Rocha.
¿Qué acciones ha tomado el Gobierno de México en relación a la seguridad?
El Gabinete de Seguridad informó que, durante su gestión, más de 56 mil personas han sido detenidas por delitos de alta gravedad, incluyendo varios líderes de organizaciones criminales. Además, se han arrestado a 87 servidores públicos, lo que incluye a siete presidentes municipales en funciones. Este accionar se ha reflejado en una notable reducción del 46% en el promedio de homicidios dolosos en el país entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.
¿Cuál es la postura del Gobierno sobre la extradición?
Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el tratado de extradición con Estados Unidos permanece vigente, y cada caso se evalúa tomando en cuenta la evidencia existente. Esto implica que cualquier entrega de un individuo se condiciona a la disponibilidad de pruebas suficientes que justifiquen un proceso judicial.
El Gabinete de Seguridad continúa subrayando la importancia de mantener una política de transparencia y legalidad en el manejo de situaciones relacionadas con la extradición y la seguridad pública.
Con información de zetatijuana.com