El gobernador de Sinaloa evalúa acciones legales contra exfuncionarios del expresidente estatal, en una estrategia similar a la aplicada en Sonora para transparentar gestiones pasadas. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contempla iniciar el año con una serie de órdenes de aprehensión dirigidas contra exfuncionarios del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, actual embajador de México en España. Esta estrategia, inspirada en acciones similares en Sonora, busca esclarecer presuntas irregularidades y fortalecer la transparencia en la gestión pública. Entre los ámbitos que Rocha analiza para imponer medidas judiciales destacan investigaciones relacionadas con la construcción del estadio de fútbol en Mazatlán, una obra impulsada por el exprimer mandatario estatal. Según el mandatario, existen indicios que podrían vincularse con posibles irregularidades en su ejecución. La tensión entre ambas administraciones refleja un cambio en la postura del gobierno sinaloense, que busca limpiar su historial de gestión y sancionar prácticas inconsistentes con la ley. Este enfoque no solo responde a una necesidad local de justicia y rendición de cuentas, sino que también forma parte de una tendencia en varias entidades donde los gobernadores actúan contra exfuncionarios que, tras abandonar sus cargos, se integran a la política o funciones diplomáticas. La experiencia en Sonora, donde se emprendieron investigaciones contra exfuncionarios del sexenio de Claudia Pavlovich Arellano, sentó un precedente en la lucha contra la impunidad a nivel estatal. Recientemente, se conoció que Quirino Ordaz continuará desempeñando su papel como embajador en Madrid, un movimiento interpretado como una estrategia para mantener cierta inmunidad ante las posibles acusaciones. No obstante, en Sinaloa persiste un escenario complejo de seguridad, aún bajo tensión a pesar de los operativos federales y el incremento en recursos destinados a mejorar la seguridad pública en la región. Este contexto evidencia l
Sábado, 9 de mayo de 2026
