La licitación de la tercera fase del parque fotovoltaico en Sonora está marcada por conflictos, favoritismo y opacidad en los procesos de contratación. La reciente licitación de la tercera fase del parque fotovoltaico en Puerto Peñasco, Sonora, ha evidenciado controversias que ponen en duda la transparencia del proceso. El proyecto, valorado en más de 327 millones de dólares, busca ampliar la capacidad de generación solar en la región, pero las condiciones lograron eliminar a múltiples propuestas con experiencia internacional, incluida aquella respaldada por empresas chinas. El esquema de contratación, denominado Sistema de Contratación de Esquemas Especiales, ha sido cuestionado por su opacidad y falta de claridad legal, lo que hace sospechar de un posible favoritismo hacia un consorcio vinculado a familiares de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Entre los actores señalados aparece Manuel “Meme” Garza González, miembro del Grupo Salinas, cuya participación en el proceso ha generado dudas debido a la ausencia de experiencia acreditada en proyectos de esta magnitud. Expertos en energías limpias advierten que, si bien el impulso a las energías renovables es clave para la transición ecológica, la opacidad en la licitación socava la confianza en el sector y desalienta futuras inversiones extranjeras. La situación refleja una problemática estructural en el sector energético, agravada por una regulación inconsistente y la existencia de redes de influencia que favorecen ciertos intereses por encima de la competencia y la transparencia. Este caso en Puerto Peñasco no es aislado y evidencia que, para que México pueda aprovechar plenamente su potencial en energías limpias, es fundamental reformar los procesos de contratación pública y garantizar reglas claras y equitativas. La credibilidad en los proyectos verdes nacionales depende de una estrategia transparente que diéramos confianza tanto a los inversionistas nacionales como internacionales. Incorpor
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