Documentos indican que mandatarios en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur habrían adjudicado contratos a firmas sancionadas por Estados Unidos por vínculos con el tráfico de fentanilo y el Cártel de Sinaloa. El vínculo entre algunas administraciones estatales de Morena y entidades sancionadas por Estados Unidos por su presunta participación en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico ha suscitado polémica y preocupación en los círculos políticos y de seguridad. Informes recientes revelan que los gobernadores de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur habrían otorgado contratos a empresas identificadas por las autoridades estadounidenses como parte de redes que suministran precursores químicos al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como Los Chapitos. Estas compañías, que continuaron operando pese a estar sancionadas, han sido proveedores de instituciones públicas y privadas en distintas regiones del país, recibiendo millones de pesos en contratos directos. El contexto de estas investigaciones se enmarca en las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde octubre de 2025 ha incluido a varias empresas mexicanas en su lista de sancionados por su papel en la transferencia de sustancias químicas peligrosas para la producción de fentanilo, responsable de miles de muertes en Estados Unidos. La compañía Sumilab, con sede en Culiacán, destaca como uno de los actores clave en estas redes, firmando contratos con instituciones en Sinaloa, Sonora y Baja California Sur por sumas que superan los 35 millones de pesos en total. A nivel político, estas conexiones generan inquietudes sobre la idoneidad y legalidad de las decisiones de los mandatarios estatales, especialmente en un momento donde la colaboración internacional apunta a desmantelar las redes criminales que alimentan la crisis de opioides en Norteamérica. La relación estrecha de estas empresas con los gobiernos locales revela una problemática que trasciende e
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