La autoridades buscan evitar riesgos durante el traslado del boxeador, presunto vínculo con el narcotráfico, en medio de peligrosa zona de Hermosillo. El gobierno de México ha solicitado formalmente que la próxima audiencia del caso de Julio César Chávez Jr. se realice mediante videoconferencia o en las instalaciones penitenciarias donde está recluido, debido a preocupaciones de seguridad. La petición se debe a los riesgos asociados con el traslado del boxeador, de 39 años, desde la cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, ubicada en una zona desértica y cercada por facciones del Cártel de Sinaloa en pugna. La distancia y la peligrosidad del recorrido, atravesando áreas controladas por grupos delictivos como Los Salazar y La Chapiza, incrementan la vulnerabilidad durante el traslado. Chávez Jr. fue entregado en Estados Unidos tras ser detenido en Nogales, Sonora, en julio pasado, con acusaciones que incluyen vínculos con actividades criminales y tráfico de armas, además de una orden de aprehensión vigente en México. La Fiscalía General de la República mantiene que el pugilista, hijo del legendario Julio César Chávez, enfrenta cargos relacionados con delincuencia organizada y delitos conexos, lo que añade gravedad a las medidas de seguridad adoptadas en su proceso legal. El contexto de esta situación refleja la complejidad de garantizar la justicia en regiones con fuertes presencia de organizaciones criminales, donde incluso los procedimientos judiciales tradicionales pueden ser peligrosos. La decisión de realizar la audiencia por videoconferencia busca proteger la integridad física del implicado, del personal judicial y del personal penitenciario, en un escenario donde las pugnas entre facciones han provocado una escalada de violencia en la zona.
Miércoles, 13 de mayo de 2026
