La operación en la mina "La Ciénega" reveló la participación de grupos criminales, con implicaciones de corrupción y conflictos en la región. En un complejo operativo llevado a cabo en 2024, las autoridades mexicanas desmantelaron la mina "La Ciénega", ubicada en el municipio de Pitiquito, Sonora, después de meses de investigaciones y colaboración con informantes clave. La operación reveló que un grupo autodenominado "Los Chapitos" había establecido un control paramilitar sobre la explotación minera en la zona, extrayendo hasta un kilogramo de oro diario con un ejército de aproximadamente 50 trabajadores protegidos por 150 sicarios. La estructura operaba en alianza con el Cártel de los Deltas, enfrentándose además a amenazas y sobornos de autoridades locales y federales que entorpecían cualquier intervención formal. La intervención, que involucró a unidades especiales y apoyo militar, fue el resultado de denuncias y vigilancias que habían detectado patrones de violencia y enriquecimiento ilegal en esa región de Sonora. Sin embargo, la victoria no fue definitiva, ya que poco después, se divulgó que un informante conectado con el Cártel Independiente de Sonora, también conocido como "Los Salazar", había exigido una parte de las ganancias a cambio de "seguridad". Los propietarios estadounidenses de la mina, incluyendo a Jonathan Cooper, rechazan cualquier vínculo con estas organizaciones criminales, y uno de los propietarios, Alejandro Sánchez, sufrió un atentado a tiros semanas después de la operación, del cual logró sobrevivir. Tras estos eventos, la mina fue reabierta con una plantilla reducida y con una parte de sus beneficios destinada a financiar un orfanato local, al que Sánchez está profundamente ligado. Este acto representa un paso hacia la reconciliación personal y una forma de resarcimiento social, en medio de un contexto marcado por la violencia y la ilegalidad que han afectado a Sonora en los últimos años. El conflicto en la región refleja las dificultades
