Sonora, Sonora. – El reciente descarrilamiento de un tren, que ha resultado en múltiples víctimas mortales y heridos, pone en entredicho la ejecución y supervisión de obras públicas emblemáticas del actual gobierno. La tragedia, que se suma a un incidente previo en menos de un mes, genera cuestionamientos sobre la capacidad de la administración para admitir fallas y asumir responsabilidades. La recurrente frase "ya cuando se descarrile el tren, es otro pedo", atribuida a un contexto informal y de aparente ligereza, resuena ahora con la cruda realidad de vidas perdidas y personas afectadas. La confianza depositada por 241 pasajeros en una obra presentada como estandarte de transformación se ha visto traicionada, convirtiéndose en un grave riesgo. Más allá de las explicaciones técnicas, la interrogante central es de índole política: ¿quién asumirá la responsabilidad? Históricamente, se anticipa un patrón de culpar a quienes informan, a la oposición o al "uso político de la tragedia", mientras se administra el dolor como un problema de comunicación. La utilización de eufemismos y malabares retóricos para defender lo indefendible, como calificarlo de "evento ferroviario" o minimizar su gravedad, busca desviar la atención de la cruda realidad: el tren se descarriló y hubo fallecidos. Surgen preguntas cruciales sobre la cadena de responsabilidades: ¿Se investigará a los proveedores de materiales, diseñadores de vías, aprobadores de planos, supervisores y quienes decidieron acelerar obras sin las condiciones técnicas adecuadas? ¿Existen los expedientes técnicos, evaluaciones y dictámenes, o forman parte de un "expediente invisible"? Es pertinente recordar que este proyecto tuvo responsables políticos directos, nombrados desde la más alta jerarquía. Sin embargo, se prevé que la dilución administrativa opaque la identificación de culpables, llevando a la conclusión generalizada de que "nadie tiene culpa", culpando al maquinista, al clima o al destino. Las advertencias de esp
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