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Exgobernador de Veracruz vinculado a campo de entrenamiento de criminales

Documentos filtrados relacionan al exgobernador de Veracruz con un campo de entrenamiento vinculado con actividades del crimen organizado, bajo aparente fachada legal.

Por Redacción1 min de lectura
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Documentos filtrados sugieren que Cuitláhuac García habría recibido fondos para un proyecto de tiro que podría haber sido utilizado por el crimen organizado. Recientes filtraciones de documentos de inteligencia militar revelan indicios de posibles vínculos entre Cuitláhuac García, exgobernador de Veracruz y actual director del Centro Nacional de Control del Gas Natural, con actividades relacionadas con un campo de tiro clandestino. Según los informes, una empresa cuyo propósito declarado era impartir cursos de tiro y seguridad privada habría sido utilizada como fachada para el adiestramiento de integrantes del crimen organizado, además de supuestamente vender armas ilegalmente. Las investigaciones apuntan a que García habría recibido una transferencia de aproximadamente 1.5 millones de pesos de un empresario identificado como Luis Aarón Morales Gómez, alias 'Capitán,' quien afirmó haber pagado por la instalación del campo. En conversaciones interceptadas, Morales Gómez habría mencionado que el proyecto estaba en desarrollo y que entregaría la documentación necesaria para obtener permisos oficiales. La existencia del campo de entrenamiento sin la intervención de las autoridades estatales genera serias dudas sobre posibles complicidades. El caso cobra relevancia en un contexto donde la lucha contra el crimen organizado en Veracruz y otras regiones del país continúa siendo prioridad de las autoridades. La posible utilización de instalaciones deportivas o de tiro como centros de entrenamiento para actividades ilícitas evidencia la necesidad de mayor vigilancia y control en este tipo de emprendimientos con fines privados y militares. Este episodio subraya la importancia de una investigación exhaustiva para esclarecer si existió alguna forma de protección o complicidad por parte de funcionarios, así como la responsabilidad de las empresas involucradas en actividades sospechosas que podrían afectar la seguridad pública.

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