El exgobernador de Veracruz, detenido en 2017, participó en licitaciones públicas a través de su consorcio empresarial, generando polémica sobre uso de recursos públicos Durante el período en que Javier Duarte de Ochoa enfrentaba su condena en prisión, dos empresas del consorcio Grupo Empresarial Pertenezco, del cual es accionista, lograron obtener contratos públicos por cerca de 20 millones de pesos con los gobiernos de Veracruz y Puebla. Duarte, exgobernador de Veracruz condenado por lavado de dinero y asociación delictuosa, participó en estas licitaciones a través de su participación en el consorcio, el cual incluye a cerca de 60 empresarios y sociedades civiles, entre ellas el Grupo Empresarial Porres, que en 2024 firmó un acuerdo con la Universidad Veracruzana. El caso revela una posible influencia indebidamente ejercida durante la gestión judicial de Duarte, quien fue detenido en Guatemala en 2017 y posteriormente extraditado a México, donde cumple una sentencia de nueve años de prisión. En 2017, mismo año de su ingreso a prisión, las empresas vinculadas a su grupo lograron contratos para trabajos de mantenimiento y publicidad por montos superiores a ocho millones de pesos, además de adjudicaciones en 2018 para obras en carreteras y sistemas de drenaje, por encima de 11 millones de pesos. También recibieron adjudicaciones directas del gobierno de Puebla, incluyendo importes millonarios en campañas publicitarias. Esta situación se presenta en un contexto de cuestionamientos sobre cómo ciertos actores políticos y empresariales mantienen influencia y benefician sus intereses económicos en medio de procesos judiciales, poniendo en evidencia posibles vulnerabilidades en los mecanismos de control y transparencia en la asignación de recursos públicos en México. La relevancia de estos hallazgos radica en la persistencia de prácticas que socavan la integridad del gasto público y la justicia, incluso en períodos en los que las autoridades dictan sentencias en casos de c
Sábado, 9 de mayo de 2026
