La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, creada en 2012, ha sido señalada por presuntas irregularidades y manejo opaco de recursos durante más de una década. Desde su fundación en 2012, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) ha enfrentado múltiples denuncias por irregularidades administrativas y financieras que datan de sus primeras administraciones. En 2016, las autoridades federales cuestionaron la legalidad de la institución, acusando la emisión de certificados presuntamente fraudulentos y la falta de acreditaciones oficiales necesarias para su operación en diversos estados del país. A lo largo de los años, estudiantes y profesores han protestado por pagos pendientes y la opacidad en el manejo de cuotas estudiantiles, que en algunos casos ni siquiera aparecen en las bases de datos oficiales. La gestión de los recursos ha estado en el centro de las controversias, principalmente por asociaciones civiles encargadas del manejo financiero que, según informes, han incurrido en prácticas irregulares y no transparentes, en especial durante los gobiernos de Morena en Veracruz. Recientemente, la Secretaría de Educación de Veracruz ha admitido que la gestión de la Universidad queda en un esquema “extraño”, en el que la institución opera en una especie de limbo jurídico, sin ser claramente pública ni privada. La institución, que ofrece programas en educación media superior y superior en numerosos municipios, mantiene una matrícula que supera las 50 mil personas, pero su situación legal y administrativapresenta altos niveles de opacidad. La gobernadora Rocío Nahle García anunció que se propondrá convertirla en una institución pública para garantizar mayor transparencia y control estatal. Este caso se inscribe en un fenómeno más amplio en el sistema educativo del país, donde muchas instituciones de reciente creación y con financiamiento público han sido señaladas por prácticas poco transparentes, afectando la confianza en la calidad y legalidad de la educación
Sábado, 9 de mayo de 2026
