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Veracruz

Javier Duarte seguirá en prisión tras rechazo a libertad anticipada

Una jueza federal negó la libertad anticipada a Javier Duarte, quien debe seguir en prisión hasta 2026 por delitos de culpabilidad comprobada y conducta irregular en cárcel.

Por Redacción1 min de lectura
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Una jueza federal determina que el exgobernador de Veracruz debe permanecer en reclusión debido a irregularidades y su historial en prisión. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, continuará en prisión después de que una autoridad judicial federal negara su solicitud de libertad anticipada. La jueza responsable consideró que, a pesar de que Duarte ha cumplido una significativa parte de su condena, existen factores que justifican su permanencia en el Reclusorio Norte. La sentencia que enfrenta fue dictada en 2018 tras declararse culpable de delitos relacionados con la asociación delictuosa y lavado de dinero, en un proceso que generó controversia debido a su peso político y antecedentes. En el proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó argumentos en contra de la libertad de Duarte, señalando irregularidades en su comportamiento en prisión. Se reportó que en su celda se encontraron objetos prohibidos, incluyendo latas de alcohol, un módem de internet y otros dispositivos electrónicos, lo que fue considerado como una conducta no adecuada para un recluso en proceso. La defensa del exgobernador argumentó que ha demostrado buena conducta y que ha cumplido con programas de reinserción y multas, pero la autoridad judicial mantuvo su decisión en base a la naturaleza de su delito y su historial. Este fallo mantiene a Duarte en prisión hasta, al menos, abril de 2026, cuando podría cumplirse la totalidad de su sentencia. La decisión refleja las estrictas reglas que rigen las libertades anticipadas en casos con antecedentes de corrupción y delitos graves, especialmente cuando están involucrados exfuncionarios con un pasado político polémico. El caso subraya la severidad con la que las instituciones mexicanas manejan los procesos contra exfuncionarios públicos que enfrentan acusaciones de corrupción, y la importancia de mantener la legalidad en las condiciones de su cumplimiento de condenas.

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