La decisión judicial mantiene en prisión al exgobernador de Veracruz, quien buscaba beneficios por cumplir mayor porcentaje de su condena, pero enfrenta varias causas abiertas. La justicia federal ha dictaminado que Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, deberá permanecer en reclusión hasta completar su sentencia en 2026. La jueza encargada del caso negó una solicitud de libertad anticipada, argumentando que el proceso judicial del exfuncionario aún no cumple con todos los requisitos legales, en particular, la existencia de otras investigaciones pendientes y ciertos privilegios en su condena. A lo largo de las últimas semanas, la defensa de Duarte intentó obtener beneficios penitenciarios, destacando que ya había cumplido más del 70% de la condena impuesta en 2018 por desvío de fondos públicos. Sin embargo, la jueza consideró que, dado que todavía enfrenta una causa por presunta obstrucción y que, además, se le detectó acceso a teléfonos móviles y otros privilegios en prisión, no podía ser elegible para la libertad anticipada. Es importante contextualizar que Duarte, quien gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, es asociado con uno de los periodos más controvertidos en la historia reciente del estado, marcado por millonarios fraudes, aumento de la violencia y ataques a periodistas, además de múltiples investigaciones por corrupción. La resolución responde a la necesidad de que su proceso judicial siga su curso completo, aunque ya prepara una apelación para solicitar su liberación temprana, argumentando que ha superado el 95% de su condena. Este caso evidencia los retos en la lucha contra la corrupción y la impunidad en México, y pone en evidencia la complejidad de balancear justicia y derechos en procesos penales de alto impacto político y social.
