La defensa busca que Duarte recupere su libertad antes de cumplir la condena, generando críticas y preocupación en el contexto político y social de Veracruz. En los últimos días, la atención pública se ha centrado en el proceso legal del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien enfrenta una posible liberación anticipada tras cumplir casi la totalidad de su sentencia. Duarte fue condenado a nueve años por delitos relacionados con la corrupción, y una audiencia próxima decidirá si puede abandonar la cárcel antes de la fecha establecida en 2026. La defensa argumenta que Duarte ha cumplido con los requisitos legales para solicitar su salida, basándose en factores como su comportamiento en reclusión y el tiempo efectivamente cumplido. Sin embargo, la propuesta ha generado rechazo en diversos sectores, que la consideran una burla a la justicia, dado el estimado desvío de recursos públicos durante su administración, que supera los 55 mil millones de pesos. Expertos y políticos advierten que la reducción de los delitos y monto de las imputaciones podría ser un intento de aprovechar lagunas legales para favorecerlo. La posible decisión judicial ha reavivado el debate sobre la impunidad y la rendición de cuentas en México, además de generar inquietud acerca de los criterios utilizados en estos procedimientos legales y el impacto social que tendrían unos posibles beneficios para Duarte en medio del panorama de corrupción en Veracruz. La audiencia está programada para el miércoles 19 de noviembre y será crucial para definir el futuro legal del exgobernador.
Sábado, 9 de mayo de 2026
