La Fiscalía General de la República busca ampliar cargos contra el exgobernador de Veracruz, en medio de un proceso judicial que podría detener su liberación prevista para 2026. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, enfrenta una reversión judicial que podría poner en riesgo su posible salida de prisión en 2026. La Fiscalía General de la República trabaja en una nueva acusación por presunto desvío de 10 millones de pesos del sector salud estatal, tras la autorización del gobierno de Guatemala para formular cargos adicionales. Aunque Duarte fue extraditado en 2017 por delitos relacionados con lavado de dinero y asociación delictuosa, esta nueva imputación busca ampliar las acusaciones al peculado, en un contexto de graves irregularidades en la gestión de recursos públicos en Veracruz. Desde que Duarte asumió el cargo en 2010, diversos informes de auditorías han señalado desvíos millonarios, alcanzando una suma que supera los 62 mil millones de pesos, en el marco del mayor caso de corrupción registrado en la historia del estado. La posible apertura a nuevos cargos, además, permite que la Fiscalía pueda solicitar la prisión preventiva justificada, lo que podría impedir que Duarte abandone el Reclusorio Norte en 2026, cuando vence su condena por lavado y asociación delictuosa. Para contextualizar, en 2017 Guatemala entregó a Duarte únicamente por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, permitiendo una condena de nueve años de cárcel en 2018 y el decomiso de bienes y una multa. Sin embargo, la fiscalía mexicana busca ampliar la responsabilidad penal en torno a los fondos destinados a programas de salud, un ámbito en el que Duarte es señalado por manejar recursos con irregularidades desde principios de su administración. Este caso refleja la complejidad y persistencia en la lucha contra la corrupción en México, donde procesos pendientes aún pueden modificar los términos de la justicia para exfuncionarios públicos implicados en desvíos millon
Sábado, 9 de mayo de 2026
