Expertos destacan las fallas del fondo de ayuda ante emergencias, evidenciadas en casos históricos y recientes, incluyendo la respuesta rápida bajo el gobierno actual. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ha sido objeto de críticas por su funcionamiento ineficiente, costoso y con antecedentes de irregularidades que dificultan una respuesta efectiva ante emergencias. La gestión del fondo, creado en un contexto donde la opacidad prevalecía en los fideicomisos públicos, generó retrasos significativos y falta de transparencia en la distribución del apoyo a comunidades afectadas. La dificultad para liberar recursos rápida y directamente a las poblaciones, junto con la presencia de malos manejos en diferentes administraciones, ha generado un importante daño a la percepción pública y a la credibilidad del mecanismo. Históricamente, diversos casos ilustran los problemas del Fonden. Durante las inundaciones en Veracruz en 2010, se detectó que más de medio billón de pesos asignados no fueron ejercidos ni retornados a las arcas públicas. Tras los sismos de 2017, se identificaron demoras en la declaración de desastre y una evaluación parcial de viviendas afectadas, lo que retrasó las ayudas necesarias a miles de familias. Este patrón de irregularidades se repite en diferentes sexenios, reforzando la percepción de ineficiencia y posible mal manejo. Recientemente, el gobierno actual eliminó el fondo y optó por un apoyo directo a la población, permitiendo responder con mayor rapidez y transparencia ante eventos como el huracán Otis en 2023, cuando se atendieron rápidamente a más de 300 mil personas afectadas. Este cambio en la política pública refleja una estrategia para mejorar la eficiencia en la atención a emergencias y evitar errores del pasado. La continuidad de estas mejoras será clave para fortalecer la gestión de desastres en México y garantizar una respuesta efectiva y transparente a futuras contingencias.
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