Autoridades verifican la seguridad en centros penitenciarios del estado después de motín y lanzamientos de explosivos, buscando prevenir riesgos mayores. En Veracruz, las autoridades penitenciarias llevan a cabo una evaluación exhaustiva de las instalaciones carcelarias para fortalecer la seguridad tras incidentes recientes que evidencian vulnerabilidades en el sistema. La revisión abarca los 17 Centros de Readaptación Social distribuidos en diversos municipios del estado, con especial atención en los penales de Amatlán de los Reyes y Misantla, que ya están en proceso de inspección. Ello surge como respuesta a eventos como el motín ocurrido en Tuxpan, que terminó con la muerte de nueve reclusos, y al lanzamiento de artefactos explosivos no detonados en la misma cárcel. Además, las autoridades buscan coordinación con federación para mitigar riesgos internos y prevenir futuros actos delictivos. En el contexto, la labor de vigilancia en los penales federales y locales cobra mayor importancia, dado que en 2024 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por violaciones en el CEFERESO 5, relacionado con brotes diarreicos por mal manejo sanitario. La respuesta del gobierno estatal apunta a fortalecer los protocolos y prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas privadas de la libertad o los funcionarios penitenciarios. La determinación es clara: reforzar los controles para garantizar un entorno más seguro en las cárceles de Veracruz y evitar que incidentes como los recientes vuelvan a ocurrir, reafirmando el compromiso del Estado con la seguridad y la protección de los derechos humanos.
