Mérida, Yucatán. – El Gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha oficializado la expropiación de nuevas superficies ejidales en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Estas acciones, justificadas bajo el argumento de utilidad pública, tienen como objetivo la expansión del megaproyecto del Tren Maya. A través de decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los días 29 y 31 de diciembre, se autorizó la toma de predios pertenecientes a diversas comunidades ejidales. Estos terrenos son considerados esenciales para la consolidación de la infraestructura ferroviaria del sureste del país. En Yucatán, las expropiaciones afectan a ejidos ubicados en municipios clave como Tixpéhual, Temozón, Kanasín, Valladolid, Chemax, Umán, Yaxcabá y Mérida. Comunidades que, históricamente, han expresado preocupaciones sobre la falta de transparencia en las negociaciones y la suficiencia de las compensaciones ofrecidas por la pérdida de tierras que constituyen su principal sustento y parte fundamental de su identidad. Los decretos del 29 de diciembre incluyeron superficies de ejidos como Yodzonot, Tahdzibichén, X-Kumil, Conhuas, Yalcobá y Sisbicchén. Posteriormente, el 31 de diciembre, se publicaron nuevas expropiaciones firmadas conjuntamente por la presidenta, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, afectando terrenos en Campeche y Quintana Roo, además de Yucatán. Si bien el discurso oficial destaca la legalidad y necesidad de estas acciones para el desarrollo del proyecto ferroviario, para las comunidades ejidales la realidad se traduce en una pérdida de territorio, incertidumbre jurídica y un proceso de toma de decisiones centralizado que, a su parecer, relega sus necesidades y derechos. Con estas nuevas medidas, el Tren Maya continúa su expansión sobre suelo ejidal, generando un debate sobre el equilibrio entre el desarrollo de infraestructur
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