El diputado Ulises Mejía Haro destaca los avances legislativos para garantizar la certeza jurídica de los productores agrícolas y la tecnificación del campo. Ciudad de México. — El Congreso de la Unión mantiene una intensa agenda legislativa centrada en la discusión y análisis de la nueva Ley General de Aguas , así como en las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Esta iniciativa, impulsada desde el Ejecutivo Federal por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha entrado en una fase decisiva de foros y reuniones de trabajo dentro de las comisiones en la Cámara de Diputados. El objetivo central de estas modificaciones es reconfigurar la gestión hídrica del país, fortaleciendo la rectoría del Estado para evitar el acaparamiento, impedir que el recurso sea tratado como una simple mercancía y, sobre todo, garantizar el acceso equitativo para la población. Dentro de este proceso deliberativo, la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria juega un papel fundamental. En este espacio convergen legisladores, especialistas técnicos y representantes del sector agropecuario para construir un dictamen que equilibre las necesidades sociales con las productivas. Ulises Mejía Haro, diputado federal integrante de dicha comisión, ha subrayado la importancia de que el nuevo marco legal no solo atienda la crisis hídrica desde una perspectiva urbana, sino que reconozca la interdependencia vital entre el agua y la producción de alimentos. La jerarquización del uso del agua Uno de los puntos medulares de la discusión sobre la Ley General de Aguas es la ampliación conceptual del derecho humano al agua. La propuesta legislativa establece una jerarquía clara en la distribución de los volúmenes disponibles. En primer lugar, se sitúa el uso humano y doméstico, garantizando el abasto para la población como prioridad absoluta. Inmediatamente después, se reconocen como esenciales los usos agrícola, pecuario y acuícola. Foto: Especial Esta clasificación no
Sábado, 9 de mayo de 2026
