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Política

Zaldívar recomienda a legisladores aclarar la Ley de Amparo para evitar retroactividad

El exministro Arturo Zaldívar pide a legisladores aclarar la Ley de Amparo para evitar efectos retroactivos y garantizar el respeto a la Constitución.

Por Redacción1 min de lectura
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El exministro Arturo Zaldívar pide ajustes a la ley para garantizar que no se apliquen efectos retroactivos en procesos judiciales, reafirmando el respeto a la Constitución. En medio de la controversia por modificaciones recientes en la Ley de Amparo, Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte y actual asesor del gobierno, enfatizó la importancia de realizar ajustes legales para evitar interpretaciones que puedan contradicir la Constitución. Durante una intervención en el Palacio Nacional, explicó que la redacción del artículo transitorio generó confusión, lo que llevó a debates y preocupaciones legítimas sobre efectos retroactivos en los procedimientos judiciales. Zaldívar aclaró que, conforme a la normativa constitucional, no se aplicará la ley en procesos finalizados, sino solo en los nuevos casos que se aborden a partir de la entrada en vigor de las reformas. Además, propuso a los legisladores realizar pequeñas modificaciones que permitan dejar en claro que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y que las actuaciones futuras se regirán por las nuevas disposiciones sin efectos retroactivos. El magistrado destacó que la intención original del legislador era respetar la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero la falta de claridad generó un debate innecesario. La presidenta Claudia Sheinbaum también expresó su preocupación por la inclusión retroactiva en la ley y solicitó una revisión. La recomendación de Zaldívar busca fortalecer el marco legal y asegurar que los cambios beneficien a los derechos de los ciudadanos sin vulnerar la constitucionalidad. Este llamado a la precisión en la legislación reflejaba la atención a garantizar que las reformas legales se implementen respetando los principios fundamentales y evitando interpretaciones que puedan generar inseguridad jurídica. La discusión continúa en el Congreso para definir las adecuaciones necesarias y fortalecer el marco procesal en el país.

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