Mayoría demográfica, minoría de poder: la paradoja del liderazgo femenino en la política femenina

Por: Verónica Ascención Cuevas Pérez

Doctora en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas, UANL.

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Introducción

La participación política de las mujeres en México vive una tensión profunda: pese a ser mayoría poblacional (las mujeres constituyen el 52% del país según datos del INEGI), continúan subrepresentadas en los espacios de poder. Según el Índice de Brecha de Género 2024 del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 33 de 146 países (puntaje 76.8/100) según datos del Centro de Investigación en Política Pública, una posición moderada que refleja avances parciales. Sin embargo, este logro cuantitativo contrasta con la práctica cotidiana: las decisiones políticas siguen emanando de estructuras patriarcales, de modo que la participación de las mujeres se encauza a través de intereses partidistas que exigen de ellas disciplina orgánica para alcanzar objetivos que rara vez impactan de forma directa en las necesidades y realidades de las propias mujeres. La reciente elección de Claudia Sheinbaum, primera mujer en la Presidencia de la República (junio 2025), marca un hito histórico y renueva las expectativas de cambio. Este artículo revisa con detalle la evolución y situación de la “paradoja de las mayorías que se vuelven minorías” en la política mexicana, analizando indicadores, barreras, casos emblemáticos, marcos normativos y comparativos internacionales.

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Contexto sociopolítico

La lucha por la representación femenina en México tiene raíces de largo plazo. Las mujeres obtuvieron por primera vez el derecho de votar en 1955, y las reformas legales fueron introduciendo gradualmente cuotas de género. En 1996 se instauró un sistema de cuotas mínimo (70-30% para el mismo género) en candidaturas al Congreso. A partir de la década de 2000, las reformas se endurecieron hasta que en 2014 (reforzada con la reforma del 2019) la Constitución incorporó el principio de paridad de género (50% mujeres y 50% hombres) en las tres ramas del poder, avanzando más allá de la mera cuota. En la práctica, esto significó que las listas de candidatas al Congreso y gobiernos locales debían alternar sexo en sus postulaciones.

No obstante, persiste la paradoja: según datos del INEGI, las mexicanas son la mayoría (52% de la población total), y cuentan con “un potencial electoral” incluso superior al de los hombres según datos del INE. Sin embargo, a pesar de su peso demográfico, siguen siendo minoría en los altos espacios de decisión. Muchos estudios señalan que las tradiciones patriarcales y los roles tradicionales (madre, esposa, cuidadora) funcionan como “obstáculos” culturales que dificultan su pleno acceso a cargos de liderazgo. En palabras de analistas de ONU Mujeres, todavía coexisten mandatos de partido y estructuras masculinizadas que erosionan la autonomía política de las mujeres.

En los últimos años hubo avances cuantitativos importantes. Gracias a las cuotas y la alternancia, el Congreso de la Unión roza la paridad total. De acuerdo con el Índice Global de Brecha de Género 2024, las mujeres pasaron de 26% de diputadas en 2006 a casi 49.6% en 2024. Ese nivel de “paridad legislativa” sitúa a México a la cabeza de América Latina. En la Cámara de Diputados actual (~2021-24) y en el Senado, prácticamente hay igualdad numérica, aunque persisten brechas según la vía de elección (mayoría relativa versus plurinominal).

A nivel gubernativo estatal y local también se observan récords históricos. Tras las elecciones de 2024, México contará con 13 gobernadoras entre 32 entidades federativas. Entre ellas destacan Delfina Gómez (Estado de México) y Layda Sansores (Campeche), quienes se convirtieron en las primeras mujeres en gobernar esos estados. Hasta 2024 había solo 9 gobernadoras; la inclusión de cuatro más eleva esta cifra a 13, la mayor cantidad jamás alcanzada en un mismo periodo. Del mismo modo, ha aumentado la presencia de presidentas municipales.

En la administración pública federal hubo un cambio notable: el gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador (2018-24) había iniciado mixto, pero se mantuvo lejos de la paridad en niveles medios. Según un informe del IMCO (agosto 2023), las mujeres ocupan 100% de las secretarías de Estado por mandato presidencial (8 de 16 titulares fueron mujeres) y 100% de las instancias autónomas relevantes. Sin embargo, bajan drásticamente en los niveles inmediatamente inferiores: solo 30% de las subsecretarías, 28% de jefaturas de unidad y 34% de direcciones generales están encabezados por mujeres. Es decir, la mitad de las dependencias ni siquiera contaba con una subsecretaria. Este estancamiento en mandos medios muestra que, aunque la paridad legal se cumple nominalmente en lo más alto, persiste  el fenómeno del “suelo pegajoso” en las instituciones de interés público. En el Poder Judicial destaca que en 2023 Norma Piña Hernández se convirtió en la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero los tribunales estatales y magistraturas siguen dominados por hombres. En partidos políticos, o en los sindicatos y gremios la presencia de mujeres en puestos directivos de primer y segundo nivel  es prácticamente mínima.

Los indicadores 2021-2025 muestran un avance desigual: paridad en los órganos legislativos, crecimiento de gobernadoras (de 9 a 13), primera presidenta de la República, pero: brechas marcadas en cargos ejecutivos (subsecretarías, presidencias municipales y dentro de la estructura partidista y sindical). Estos datos comparativos apuntan a avances en espacios de visibilidad, acompañados de estancamiento o retroceso en la calidad de esa participación.

Los análisis coinciden en que persisten techos de cristal y suelos pegajosos que limitan la proyección de las mujeres. En el sector público federal, por ejemplo, el nivel más bajo de inserción femenina está en los mandos medios: las funciones técnicas y operativas son en su mayoría ocupadas por mujeres, pero a medida que aumenta la jerarquía disminuye su proporción. Esta estratificación interna favorece al personal masculino. Además, subsisten dobles jornadas de cuidado: las trabajadoras enfrentan la doble responsabilidad de empleo remunerado y labores domésticas, lo que se traduce en menor disponibilidad para la vida política. Tal como señalan estudios de ONU Mujeres y del INEGI, el esquema tradicional perpetuado a traves de la tradición de los roles  de esposa y madre sigue imponiendo una carga desproporcionada sobre ellas, afectando su carrera política, esta reflexión nos hace voletar a los roles masculinos de conyugue y al rol de la paternidad; la democratización de estos espacios se hace evidente.

Otro factor crítico es la violencia política de género. Aunque los cambios legislativos contemplan sanciones, en la práctica muchas candidatas y funcionarias sufren agresiones físicas, verbales o de acoso. Por ejemplo, un estudio oficial estimó que más del 70% de las mexicanas mayores de 15 años han vivido algún tipo de violencia (aunque no necesariamente política), y los casos de acoso en espacios electorales son comunes según ONUMujeres. La violencia en general inmoviliza la participacio ciudadana, sin embargo la violencia para las mujeres se duplica por su condición de genero lo cual trae una responsabilidad de las intituciones a empujar la perspectiva de genero en todos los espacios publicos y por supesto en la vida política de los países.

Además, la brecha salarial sigue vigente: datos citados por el IMCO indican que en promedio las mujeres mexicanas ganan apenas 65 pesos por cada 100 de los hombres, lo que refleja inequidades económicas que se trasladan también a la política (pues el financiamiento de campañas y candidaturas también suele ser desigual). En conjunto, estas barreras estructurales (organizacionales, culturales y económicas) mantienen a las mujeres en una posición subordinada, aun cuando ocupan cargos visibles , las tradiciones sociales ( politicas, culturales , educativas; etc)  impacta la vida en general de los ciudadanos que nacen como mujeres puesto que se les impone el doble de barreras para su participación plena en la estructura social.

A pesar de los obstáculos, varias mujeres han roto inercias y sirven de referente. Claudia Sheinbaum misma es un caso emblemático: fue la primera mujer electa jefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023) y ahora, en 2025, la primera presidenta nacional. A nivel subnacional destacan Delfina Gómez, quien en 2023 se convirtió en la primera mujer gobernadora del Estado de México; Layda Sansores, que en 2021 fue elegida gobernadora de Campeche (primera en su historia); así como Marina del Pilar Ávila en Baja California y Mara Lezama en Quintana Roo, entre otras. Estas mandatarias rompieron inercias históricas locales para llegar al ejercicio del poder.

En el poder legislativo algunos ejemplos remarcables incluyen a María de Jesús Patricio (San Lázaro) o Alejandra del Moral (LXV Legislatura), que han impulsado iniciativas de igualdad. Distintas organizaciones civiles e instancias internacionales promueven redes de mentoría y apoyo (por ejemplo, la Red de Mentoras – Tu Oportunidad de ONU Mujeres), fortaleciendo alianzas entre legisladoras y funcionarias.

También han emergido buenas prácticas institucionales en congresos locales: varios estados han creado observatorios de violencia política contra las mujeres, con mecanismos de denuncia y seguimiento de casos. Asimismo, legislaturas han reformado su reglamento interno y lenguaje (uso del femenino, comisiones paritarias, horarios flexibles) para atender las necesidades de las diputadas y senadoras. Estos casos ilustran cómo, con el acompañamiento adecuado y la presión ciudadana, las mujeres logran avances concretos en la gobernanza democrática.

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Claudia Sheinbaum y la presidencia

La llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República en junio de 2025 tiene un valor simbólico y práctico de gran alcance. Es la primera vez en 200 años que una mujer encabeza el Ejecutivo Federal. En los primeros meses de su administración ha dado pasos decididos: su gabinete presidencial fue diseñado con paridad total, continuando la tendencia iniciada por AMLO (aproximadamente la mitad de las secretarías son ocupadas por mujeres). Además, su gobierno elevó de nivel la agenda de género al crear la Secretaría de las Mujeres, en cabeza de la escritora Citlalli Hernández, y al prometer un Presupuesto con Perspectiva de Género para 2026.

Otro eje anunciado es el Sistema Nacional de Cuidados, que Sheinbaum instrumentalizó desde el Poder Ejecutivo: se puso en marcha una estrategia de cuidados integrada, inicialmente en Ciudad Juárez, que busca descentralizar servicios y aliviar la carga sobre las familias. Esta iniciativa fue descrita por la funcionaria Lorena Villavicencio como un “eje articulador” de políticas públicas para garantizar inclusión y desarrollo a niñas y niños, así como a personas con discapacidad. En conjunto, estas medidas iniciales (gabinete paritario, presupuesto, cuidados) buscan generar un cambio cultural dentro de la administración pública, promoviendo valores de corresponsabilidad y empoderamiento.

Las expectativas de efecto domino son altas. Se espera que la gestión Sheinbaum incentive la participación política de las mujeres en los tres niveles de gobierno, tanto en candidaturas como en cargos de elección e incluso en organizaciones y sindicatos. Asimismo, su liderazgo podría impulsar la agenda legislativa de 2025–2030: se prevé que Morena presentará leyes contra la violencia política de género y reformas laborales que aborden la brecha salarial y la corresponsabilidad en el hogar. En suma, su presidencia abre la posibilidad de un ambiente político más propicio para la igualdad sustantiva.

En el plano de los derechos humanos y compromisos internacionales, México ha recibido llamados de atención y reconocimiento por su evolución en paridad política. Organismos como la ONU Mujeres y la CEPAL han destacado que, si bien hay avances cuantitativos, el país debe reforzar la ejecución de marcos normativos para erradicar la violencia de género y garantizar la igualdad sustantiva. En 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones para acelerar la implementación de medidas paritarias en todos los poderes y combatir el hostigamiento político hacia las mujeres. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) enfatiza la necesidad de consolidar los avances del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, que incluye la Convención de Belém do Pará (especialmente su enfoque en prevenir la violencia política contra las mujeres).

En cuanto a compromisos formales, México figura entre los países que han adoptado la Agenda 2030 de la ONU. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS5) exige “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres”. En México, algunos indicadores muestran cumplimiento parcial (paridad legislativa), pero otros (porcentaje de ministras, diputadas locales) aún están lejos de la meta 5.5. Además, la Convención de Belém do Pará —ratificada por México en 1990— impone la obligación de adoptar políticas integrales contra la violencia de género. En este sentido, diversos informes recientes señalan retrasos: aunque existen leyes federales y estatales para el combate de violencia política, su aplicación es heterogénea y muchos casos siguen impunes. En conclusión, la dimensión de derechos humanos revela que, pese a los compromisos internacionales, hay un gap entre la letra legal y la experiencia vivida por mujeres mexicanas en la arena pública.

En el contexto latinoamericano y global, México se ubica en un lugar intermedio. Según el Índice Global de Brecha de Género, México ocupa el puesto 7 de 22 en América Latina (detrás de Argentina, Barbados, Chile, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua). Por ejemplo, Chile alcanzó una puntuación de 78.1 (lugar 3 regional) y Argentina 77.2 (puesto 4), ambas ligeramente superiores a la de México. Mientras tanto, Colombia no figura entre los primeros, lo que sugiere que México ha avanzado más en paridad legislativa y algunos puestos ejecutivos.

En el ámbito del G-20, México destacará en 2025 por tener a la única mujer presidenta entre sus pares principales (dado que la mayoría de los demás países del G-20 están liderados por hombres). En cuanto a legislaturas nacionales, la participación femenina promedio en los parlamentos del G-20 ronda 25–30%, mientras que México ya supera ese nivel (cercano al 50% en la Cámara de Diputados). Sin embargo, en otros indicadores de liderazgo (juezas, dirigentes partidistas, consejos empresariales) el país aún se ubica rezagado frente a G-20 más avanzados en equidad, como Alemania o Canadá. Dicho lo anterior, México avanza en un contexto donde algunos vecinos latinoamericanos han logrado igualar cuotas de género y donde las metas internacionales (ODS5, índices globales) ofrecen un marco de comparación para medir estos avances.

Las mujeres mexicanas han conquistado espacios políticos sin precedentes —paridad en el Congreso, 13 gobernadoras, la primera presidenta de la República—, pero existen aún importantes brechas. Los principales retos actuales son: (i) Brechas en cargos ejecutivos: las mujeres siguen siendo minoría en altos mandos (subsecretarías, alcaldías, órganos autónomos). (ii) Violencia política de género: el acoso y la violencia institucional contra las mujeres en política sigue en niveles elevados, lo cual inhibe su plena participación. (iii) Barreras culturales: roles tradicionales y mandatos partidistas limitan la autonomía política de las mujeres. (iv) Ausencia de corresponsabilidad: la falta de apoyo institucional a las tareas de cuidado sigue recayendo sobre ellas.

Para cerrar estas brechas, se proponen varias líneas de acción:

• Profundizar la institucionalización de la paridad más allá de las candidaturas formales. Esto implica asegurar paridad en entes autónomos, instituciones de gobierno central y órganos estatales. Es esencial asignar financiamiento adecuado para políticas de igualdad —por ejemplo, incrementar el presupuesto para el Instituto Nacional de las Mujeres, fortaleciendo programas de desarrollo político femenino y redes de apoyo. También se recomienda consolidar el Sistema Nacional de Cuidados con recursos plenos y vigilancia ciudadana, para aliviar las cargas de cuidado que recaen desproporcionadamente en mujeres.
• Los partidos deben eliminar prácticas internas pseudodemocráticas (coercitivas). En particular, es necesario erradicar los llamados “mandatos de partido” que obligan a las mujeres electas a seguir instrucciones partidistas inflexibles. Los congresos, a su vez, deben revisar sus reglamentos para garantizar que las legisladoras puedan sesionar con facilidades (horarios flexibles, permiso por maternidad) y que las sanciones por violencia política de género se apliquen efectivamente. Se sugiere crear protocolos internos de género que protejan la toma de decisiones autónoma de las legisladoras.
• La acción debe complementarse desde abajo. Se deben establecer observatorios independientes de violencia política de género, con recursos para documentar casos, apoyar víctimas y litigios estratégicos. También se recomienda crear un fondo de apoyo a candidaturas femeninas, administrado por organizaciones civiles o instancias multilaterales, para financiar campañas y capacitaciones. La cooperación internacional —por ejemplo, con ONU Mujeres, CEPAL y OEA— puede brindar asistencia técnica para fortalecer mecanismos de paridad y monitorear el cumplimiento de compromisos (ODS5, Belém do Pará). En última instancia, la igualdad política requiere de un cambio cultural profundo que involucre a toda la sociedad: la corresponsabilidad en los hogares, la educación en igualdad y la visibilización positiva de liderazgos femeninos son tareas compartidas.

En conclusión, México ha avanzado de manera destacada en la paridad legislativa y ahora experimenta por primera vez una presidencia femenina, lo que ofrece una oportunidad única para transformar las estructuras políticas. No obstante, el camino hacia la verdadera igualdad sustantiva implica reforzar las reformas iniciadas, proteger a las mujeres de la violencia política, y cambiar normas culturales persistentes. Sólo así se podrá garantizar que la mayoría poblacional de mujeres se refleje efectivamente en un poder político plural e incluyente, en los tres niveles de gobierno.

El fomento al liderazgo femenino y el reconocimiento y concientización de las mujeres sobre su condición social implica derrumbar inercias históricas y sociales que pesan el el imaginario social de hombres y mujeres;  aunuque el feminismo y su agendas han logrado cambios sustanciales cuantitativamente hablando , el reto de esta minoria social( mayoría demográfica ) es que el marco legal y regulatorio permee en día día de la estructura social, es decir el derecho sustantivo se vuelva parte de las instituciones formales e infomales que sostienen el bienestar social.

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