El uso de gas lacrimógeno y gas pimienta por parte de agentes de inmigración en Estados Unidos ha tenido un impacto directo en decenas de niños. Durante la campaña de deportaciones del expresidente Donald Trump, se registraron múltiples incidentes en los que infantes, que simplemente realizaban actividades cotidianas, fueron expuestos a estos químicos en diferentes ciudades, lo que les causó problemas de salud inmediatos.
ProPublica ha documentado al menos 79 casos de niños afectados por estas sustancias, que se dispersaron en entornos como escuelas, hogares y protestas. En algunos episodios, se vieron a menores gritando y sufriendo dificultades para respirar tras la exposición a los gases. La reacción del Departamento de Seguridad Nacional ha sido defender el uso de estas herramientas, culpando a los "agitadores" y a los padres por poner a sus hijos en situaciones de riesgo.
A pesar de la justificación oficial, videos han mostrado a los oficiales lanzando gas lacrimógeno hacia multitudes que incluían niños. La controversia ha crecido al compararse el uso de estos químicos con la represión en el movimiento por los derechos civiles, reflejando una falta de estándares claros en su aplicación. Los jueces en diversas ciudades han reprendido a las agencias por el uso excesivo de la fuerza, aunque no han logrado frenar la práctica a nivel nacional.
Este problema resalta la vulnerabilidad de los niños ante el uso de gases tóxicos, que pueden afectar su salud a largo plazo. Estudios previos sugieren que la exposición a estos químicos puede tener consecuencias graves, y la realidad actual presenta una oportunidad de revisión crítica de las políticas de uso de la fuerza por parte de las autoridades. La situación exige atención inmediata para proteger a los más jóvenes en contextos de manifestación y control migratorio.
Con información de elpais.com