Ciudad de México. – La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente presión por parte de Estados Unidos para que actúe contra funcionarios y políticos de Morena presuntamente vinculados con el crimen organizado, especialmente en casos de robo de hidrocarburos y otras actividades ilícitas. A pesar de los esfuerzos generales de cooperación en seguridad, Washington ha expresado exasperación por la aparente falta de acciones contundentes contra redes de complicidad dentro del gobierno mexicano. Fuentes estadounidenses señalan que, desde la llegada del embajador Ron Johnson hace siete meses, se han presentado peticiones específicas y aportado información detallada sobre vínculos entre figuras políticas y criminales. Se ha solicitado a México que aplique la ley contra aquellos ligados a organizaciones delictivas, incluyendo nombres como el senador Adán Augusto López Hernández y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como exdirectores de Aduanas. Sin embargo, la respuesta del gobierno mexicano ha sido interpretada por EU como un "blindaje político", al no observar avances significativos en las investigaciones. La frustración estadounidense se ha manifestado en quejas sobre la lentitud de las investigaciones, que supuestamente llevan años sin producir resultados relevantes. Se critica la falta de detenciones de alto perfil y el desmantelamiento de redes de complicidad que, según EU, involucran a miembros de alto rango de la Marina y figuras cercanas al exmandatario Andrés Manuel López Obrador. La administración de Sheinbaum ha reiterado su rechazo a intervenciones militares directas, como las que ha sugerido Donald Trump, y ha enfatizado la soberanía mexicana, aunque las autoridades estadounidenses consideran que la situación ya ha superado el control del gobierno. Informes de inteligencia de EU sugieren que incluso redes criminales específicas y sus conexiones con funcionarios han sido mapeadas, con investigaciones en curso sobre presunt
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