Ciudad de México. – El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, enfrenta un panorama de seguridad complejo al regresar de sus vacaciones, marcado por dos eventos violentos de alto impacto. El brutal asesinato de Alberto Prieto Valencia, su hija y un escolta, perpetrado a plena luz del día con un nutrido grupo de sicarios, y el secuestro y homicidio del empresario tequilero Adrián Corona en Atenguillo, han puesto en alerta máxima al estado. Si bien las cifras oficiales indican una reducción del 38 por ciento en homicidios en Jalisco durante 2025 en comparación con el año anterior, el autor expresa escepticismo ante estas drásticas disminuciones, sugiriendo que podrían ocultar realidades más sombrías. Se espera una explicación clara sobre los motivos de esta aparente mejora, o un análisis del cambio en la estructura del crimen organizado que la haya propiciado. En contraste, el número de desapariciones apenas varió, y la información al respecto sigue siendo poco confiable a pesar de la creación de una secretaría dedicada. La crisis forense, lejos de disminuir, se agudizó en 2025, con un promedio de una fosa clandestina semanal. La presencia del crimen organizado en los territorios no ha mostrado signos de mengua; por el contrario, los elementos sugieren un empeoramiento. La demostración de fuerza, capacidad de fuego y control territorial exhibida por el crimen organizado durante el asesinato de Prieto Valencia es una prueba contundente de ello. El principal reto para Lemus reside en determinar la magnitud de la colusión entre cuerpos policiales, la fiscalía y factores de poder con el crimen organizado. La seguridad y la percepción de la misma no mejorarán mientras no exista certeza de que las instituciones operan en beneficio de los ciudadanos y no de las organizaciones delictivas. La erradicación de un problema tan arraigado no es tarea de un año ni de un sexenio. Por ello, es fundamental identificar indicadores fiables que demuestren un avance real, más allá de las cifra
Miércoles, 13 de mayo de 2026
