Ciudad de México. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó esta semana parte de las reformas aprobadas por el Congreso de Chihuahua para combatir la narcopolítica. La gobernadora Maru Campos criticó la decisión, afirmando que se eliminó la posibilidad de anular elecciones ante la intervención del crimen organizado.
La Corte desestimó los cambios relacionados con las sanciones a candidatos, especialmente aquellos que establecían penalizaciones por ser beneficiados de actos delictivos, aunque sí confirmó la validez de una nueva causal de nulidad para las elecciones, relacionada con delitos de gravedad demostrada. El artículo 384 permitirá que se anulen elecciones si hay hechos con “incidencia en el proceso electoral”, reafirmando que deben estar “plenamente acreditados”.
“Hemos garantizado los principios de culpabilidad y presunción de inocencia”, argumentó la Corte al invalidar medidas que castigaban a los candidatos solo por ser beneficiados, asegurando que una conducta reprochable debe ser probada de manera concreta. Esto previene que se simulen actos de violencia para incriminar a determinados aspirantes.
Además, la SCJN rechazó la sanción automática para el registro de candidatos derivados de intimidaciones o amenazas, señalando que cada caso debe ser evaluado en su mérito y gravedad. La decisión de la Corte no es vista como catastrófica, aunque ha generado desconfianza en su actuación en el pasado.
El desafío actual reside en la implementación de estas decisiones, particularmente a nivel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sido criticado por favorecer a ciertos partidos en el contexto político.
Con información de cuartopoder.mx