Tamaulipas presenta una tasa de extorsión de 3.01 delitos por cada 100 mil habitantes, inferior a la media nacional. Sin embargo, numerosos especialistas y organismos coinciden en que muchos casos permanecen ocultos debido a la falta de denuncias.
Datos clave
- Tasa de extorsión en Tamaulipas: 3.01 por cada 100 mil habitantes.
- Solo 9.6% de los delitos fueron denunciados a nivel nacional en 2024.
- 93.2% de los delitos quedan en la cifra negra.
- En el primer trimestre de 2026, se iniciaron 2 mil 915 casos por extorsión en todo el país.
El diagnóstico de la Fiscalía General de Justicia del Estado indica que, a pesar de la aparentemente baja incidencia, el clima de temor que enfrentan los ciudadanos disuade las denuncias. Este fenómeno se hace evidente con el reciente incendio que afectó a la empresa Sabritas en Matamoros, donde se sospechan posibles extorsiones como parte de la investigación en curso.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública revela que el 93.2% de delitos a nivel nacional no se denuncia, un claro reflejo de la “cifra negra”. Las encuestas de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estiman que un abrumador 97% de los casos de extorsión no llegan a ser reportados por razones que incluyen el miedo a represalias y la desconfianza hacia las autoridades.
¿Por qué no se denuncian las extorsiones?
Numerosos factores contribuyen a la negativa de las personas a reportar extorsiones. La desconfianza en las fuerzas del orden y la percepción de que las denuncias no llevan a resultados efectivos juegan un papel crucial. La escasa conclusión de casos, donde solo el 0.8% de los delitos resulta en una sentencia, refuerza esta tendencia.
Medidas recientes ante la extorsión
Desde diciembre de 2025, Tamaulipas implementó la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, buscando combatir este problema estructural. A pesar de la búsqueda de mejorar la respuesta institucional y la coordinación con el sector privado, persiste la necesidad de fortalecer la confianza en el sistema judicial para motivar a los ciudadanos a denunciar.
Las consecuencias de la extorsión son visibles en el ámbito económico, donde las empresas enfrentan lo que se ha catalogado como un "impuesto criminal". Estudios sugieren que esto podría representar entre el 10% y 20% de sus ingresos.
La lucha contra el delito de extorsión sigue siendo una prioridad en el estado, mientras se buscan mecanismos eficaces para erradicar este problema que afecta a la vida económica y social de la región.
Con información de expreso.press