Tamaulipas aprobó recientemente una ley de salud mental, un avance que la comunidad celebró. Sin embargo, a más de 40 días de su aprobación, sigue sin estar en vigencia. Este consenso inusual se ha empañado por algunas abstenciones y preocupaciones. A pesar de la unánime aprobación, el camino hacia la implementación se retrasa, reflejando un dilema político.
El tiempo es un factor crítico en este contexto. Mientras los procesos administrativos avanzan lentamente, los problemas de salud mental siguen en aumento. La Organización Mundial de la Salud estima que la ansiedad y la depresión generan pérdidas significativas en productividad. Cada inversión de un dólar en salud mental podría generar entre cuatro y cinco dólares en beneficios económicos, según datos de la misma OMS.
A nivel global, la salud mental se ha vuelto la principal preocupación sanitaria, superando otros problemas como el cáncer. Sin embargo, en México, menos del 2% del presupuesto de salud se destina a esta área crucial. La situación es preocupante, ya que solo 17 de los 32 estados cuentan con una ley de salud mental, y la mayoría no cumplen con los estándares internacionales.
Aunque Tamaulipas ha dado un paso adelante, el desafío radica en hacer que la ley sea efectiva. Con una escasez de profesionales de salud mental en el país, la atención a las crisis es deficiente. Es esencial priorizar políticas públicas que faciliten la inversión y el fortalecimiento de la salud mental, no solo como respuesta a crisis, sino también como medida de prevención. La salud mental impacta diversos sectores, y su atención adecuada podría traer múltiples beneficios a la sociedad.
La urgencia de esta situación plantea una pregunta central: ¿qué se espera para activar esta legislación? La inacción puede resultar fatal, ya que cada día que pasa sin implementar estas medidas afecta a quienes más lo necesitan.
Con información de hoytamaulipas.net