Madrid, España. - El Tribunal Supremo de España ha declarado que la posible inscripción en el censo electoral de más de 2.4 millones de personas nacionalizadas bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, representa un “peligro fundado, real y serio” para la objetividad del proceso electoral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, al suspender el derecho al voto de estos nacionalizados, argumenta que esta situación podría alterar el resultado deseado por los españoles correctamente inscritos en el censo.
El alto tribunal hizo este anuncio mientras se intensifican las tensiones entre el Gobierno y el Poder Judicial. La decisión se deriva de un recurso presentado por Vox y el partido Iustitia Europa, que cuestionan la legalidad de las inscripciones de aquellos cuyos padres o abuelos abandonaron España entre 1936 y 1955. La magistrada Alicia Millán ha emitido un voto particular en desacuerdo con la mayoría en esta polémica.
Con la ley de nietos, se busca que los descendientes de emigrados que perdieron la nacionalidad española por razones políticas, ideológicas o de identidad, puedan optar por la nacionalidad. El Tribunal Supremo enfatiza que el aumento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podría afectar la transparencia del proceso electoral y ha decidido suspender el derecho al voto de los nuevos nacionalizados hasta que se resuelva el litigio.
Los magistrados subrayan que la preservación de la objetividad electoral es fundamental y destacan el riesgo de que las inscripciones en el CERA continúen aumentando. “Existen riesgos de alteración del censo electoral por el incremento excepcional de nuevos inscritos”, señalaron, argumentando que esto podría comprometer el ejercicio del derecho de sufragio.
Los recursos de Vox e Iustitia Europa se dirigen contra un acuerdo de la Junta Electoral Central que se negó a evaluar las implicaciones de la ley sobre el censo. Esta situación ha generado un debate significativo sobre la validez de las inscripciones ahora cuestionadas, lo que podría tener repercusiones duraderas en los derechos de los nacionalizados.
Con información de elpais.com