Morelia, Michoacán. - El politólogo Juan Adolfo Montiel Hernández advirtió sobre la posibilidad de utilizar procesos penales para impedir la participación de adversarios políticos en las elecciones de 2027. Según el académico, ante el marco constitucional mexicano existen herramientas legales que podrían ser empleadas para excluir a ciertos candidatos de las contiendas electorales.
En entrevista, Montiel explicó que el artículo 38 de la Constitución menciona situaciones específicas en las cuales se pueden suspender los derechos políticos de una persona en virtud de un proceso penal. Esto incluye la posibilidad de que una acción penal tenga repercusiones en la elegibilidad electoral antes de recibir una sentencia condenatoria.
“Siempre ha existido esa posibilidad de que desde el gobierno se pueda hacer uso de una acción penal para que alguna persona no participe en las elecciones”, destacó el politólogo.
Asimismo, subrayó el papel de la prisión preventiva oficiosa, que ha sido objeto de críticas internacionales por su aplicación. Montiel señaló que este mecanismo, que se ha ampliado en los últimos años, permite que personas acusadas de ciertos delitos enfrenten consecuencias electorales sin haber sido condenadas.
El académico también hizo hincapié en que el uso de estos mecanismos de persecución penal representa un riesgo significativo para los derechos políticos de la oposición. La utilización de acciones legales con fines distintos a la procuración de justicia podría alterar las condiciones de competencia electoral.
Este análisis es particularmente relevante en el contexto del próximo proceso electoral de 2027, donde se disputarán cargos esenciales. Aunque Montiel no identificó casos específicos de manipulación judicial, advirtió sobre el potencial de abuso en el uso de la justicia penal contra opositores.
Con información de quadratin.com.mx

