Ciudad de México, CDMX. - La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha iniciado una investigación de oficio contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por posibles irregularidades que dañan al erario por más de 66.5 millones de pesos. Este monto se relaciona con observaciones realizadas desde el año pasado que el INE no logró solventar.
La investigación también ha descubierto graves conflictos de interés, al identificar que 57 personas recibirían contratos del INE mientras ocupaban puestos como funcionarios públicos. A partir del 20 de febrero de 2027, la ASF considerará hacer públicos los nombres de estos funcionarios, ya que podrían enfrentar denuncias penales si se confirman las pruebas.
Desde el 5 de junio de 2026, el INE estaba bajo revisión por la ASF, que examinó los recursos recibidos por la institución, que totalizan cerca de 30 mil millones de pesos. Entre los hallazgos, se encontraron contrataciones con empresas fantasma y de reciente creación; por ejemplo, 10 empresas obtuvieron más de 21 millones de pesos en contratos menos de un año después de su constitución.
Asimismo, se detectaron pagos a 18 trabajadores que ya habían fallecido, así como 131 proveedores que no publicaron sus opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y aún así recibieron contratos.
Una de las observaciones más destacadas es un contrato por más de 63 millones de pesos a Comercializadora JVLY, S.A. de C.V. para la impresión de materiales electorales, por el cual el INE no logró presentar la documentación que acreditara la prestación del servicio. Esta investigación también involucra a Organismos Públicos Locales Electorales y a funcionarios y proveedores relacionados.
La Auditoría Superior afirma que tiene elementos suficientes para investigar irregularidades en las contrataciones realizadas por el INE y actuar con rigor y objetividad.
Con información de eluniversal.com.mx