Ciudad de México, CDMX. - La consulta previa, libre e informada implementada por el gobierno federal de México ha ocasionado protestas y quejas en 18 estados, representando aproximadamente el 66% de las entidades donde se realizaron asambleas regionales. Desde la reforma al artículo segundo de la Constitución en 2001, no se ha legislado adecuadamente sobre esta materia, lo que ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a demandar una ley que regule el proceso.
Los estados afectados incluyen Jalisco, Michoacán y Oaxaca, entre otros, y se han contabilizado al menos 120 inconformidades por parte de las comunidades. La falta de un marco jurídico efectivo ha dado lugar a que la consulta se perciba como un trámite administrativo más que un verdadero diálogo con los pueblos indígenas. "La consulta ha sido un proceso de levantamiento de actas y contabilización de asistencia, más que un instrumentos de participación real", ha comentado un analista del tema.
A pesar de la existencia de un proyecto de ley de derechos de pueblos indígenas, las críticas sugieren que la consulta no cumple con los estándares internacionales establecidos por el Convenio 169 de la OIT. La representación insuficiente y la incapacidad de atender las particularidades culturales de las comunidades son evidentes. Las asambleas regionales, convocadas sin consulta previa adecuada, han sido cuestionadas por no representar a las verdaderas voces de estas comunidades.
La situación actual de la consulta muestra que los esfuerzos del gobierno por obtener opiniones no han logrado satisfacer las expectativas de las comunidades indígenas. Se espera que las propuestas de mejora y corrección sean tomadas en cuenta antes de avanzar en su consideración legislativa.
Con información de diariodechiapas.com