Culiacán, Sinaloa. - Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, ha recibido autorización para acceder a parte de sus pensiones, las cuales habían sido bloqueadas desde mayo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Un juez administrativo ha ordenado que el político, acusado en Estados Unidos de colaborar con el narcotráfico, pueda disponer de sus pensiones de viudez, adulto mayor y jubilación, como resultado de un amparo.
Sin embargo, el resto de su patrimonio y cuentas bancarias siguen inmovilizadas mientras las investigaciones continúan sin avances claros. A finales de abril, la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya causó tensión entre los dos países y señaló su supuesta colaboración con líderes del Cártel de Sinaloa a cambio de dinero ilícito.
El Gobierno de México ha defendido a Rocha Moya, acusando a Estados Unidos de injerencia. Por otro lado, dos de los involucrados en estas investigaciones, el general Gerardo Mérida Sánchez y el empresario Enrique Díaz Vega, se han presentado ante las autoridades estadounidenses como testigos colaboradores, brindando información a cambio de beneficios legales.
“Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha encontrado nada en mi contra”, afirmó Rocha Moya en una reciente declaración, aunque el silencio en torno a los avances de la investigación desde agosto ha generado dudas sobre su situación.
En el ámbito local, la Auditoría Superior de la Federación ha empezado a investigar posibles irregularidades relacionadas con los hijos de Rocha Moya. Recientemente, se reveló que empresas vinculadas a ellos habrían obtenido contratos por aproximadamente 94 millones de pesos durante su gestión.
El futuro de Rocha Moya sigue sin definirse, mientras su acceso a pensiones provoca un debate sobre la implicación de medios legales en contextos de acusaciones graves.
Con información de elpais.com