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Economía

UMA aumenta en 2026: Pagos de Infonavit, impuestos y multas se encarecerán

A partir del 1 de febrero de 2026, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) experimentará un incremento, lo que se traducirá en un aumento en el costo de diversos pagos y trámites en México, incluyendo cuotas del Infonavit, impuestos y multas.

Por Redacción1 min de lectura
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Ciudad de México. – A partir del 1 de febrero de 2026, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) experimentará un incremento, lo que se traducirá en un aumento en el costo de diversos pagos y trámites en México, incluyendo cuotas del Infonavit, impuestos y multas. El INEGI proyecta que el valor diario de la UMA para este año será de aproximadamente 117.30 pesos, un alza de 3.55% respecto al 2025. Este ajuste anual, ligado al comportamiento de la inflación y al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), busca desacoplar los costos administrativos del salario mínimo. Mientras que el salario mínimo general aumentó a 315.04 pesos diarios (o 440.87 en la Zona Libre de la Frontera Norte), la UMA funcionará como un contrapeso para que las obligaciones no se disparen al mismo ritmo. El nuevo valor diario de la UMA será de 117.31 pesos, el mensual alcanzará los 3,566.22 pesos y el anual llegará a 42,794.64 pesos. Este incremento afectará directamente el bolsillo de los mexicanos, ya que la UMA es la referencia para cientos de obligaciones federales y estatales. Las multas de tránsito, que a menudo se calculan en veces UMA, serán más costosas. Por ejemplo, una infracción de 20 UMAs que en 2025 costaba alrededor de 2,268 pesos, en 2026 ascenderá a aproximadamente 2,346 pesos. Asimismo, créditos hipotecarios del Infonavit y Fovissste expresados en UMA o vinculados a esta unidad verán ajustes. En el ámbito fiscal, cálculos de ISR, predial y otros conceptos que usan la UMA como base también se modificarán. Trámites como pasaportes, licencias, cédulas profesionales y permisos oficiales también se verán impactados. La UMA es la unidad de cuenta utilizada por el INEGI para determinar el pago de obligaciones en leyes federales y estatales, sustituyendo al salario mínimo en esta función para evitar que los incrementos salariales afecten directamente sanciones y costos administrativos.

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