El federalismo mexicano prometió descentralizar el poder. En cambio, descentralizó la pobreza. Cuando un camino rural se inunda, cuando el agua potable deja de llegar, cuando las luminarias llevan meses apagadas, la gente no llama al gobernador. Llama al municipio. El municipio es, en teoría, la célula básica de la organización política en México. De nuestro Federalismo . En la práctica, es la institución con mayor responsabilidad y menor capacidad para cumplirla. El artículo 115 constitucional le encomienda al municipio un catálogo de facultades ambiciosas: agua potable, drenaje, alumbrado, calles, mercados, panteones, seguridad pública. La lista es larga. Los recursos, no. La arquitectura fiscal del país funciona al revés de lo que exige la lógica de la proximidad: la federación retiene la mayor parte de la recaudación y la devuelve —con criterios que cambian según la negociación política— a través de participaciones y aportaciones. El municipio, que atiende al ciudadano todos los días, llega al último de la fila. "La arquitectura fiscal del país funciona al revés: la federación retiene la mayor parte de la recaudación y la devuelve al municipio —que atiende al ciudadano todos los días— al último de la fila." Los números son elocuentes. Cerca del 85 por ciento del gasto municipal en México proviene de transferencias federales. La recaudación propia —predial, derechos de agua, licencias— representa una fracción ínfima, y en muchos municipios ni siquiera se recauda con eficiencia porque no existe el padrón catastral actualizado, ni el personal capacitado para administrarlo. Es una trampa que se retroalimenta: sin recursos propios no hay capacidad instalada, y sin capacidad instalada no se pueden generar recursos propios. Pero el problema no es solo dinero. Es también institucional y político. Podríamos decir que el total de los municipios en el país —casi 2,500— carece de servicio civil de carrera. Cuando cambia la presidencia municipal —cada tres años en la mayoría
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