En México, encender un foco no cuesta lo mismo para todos. Para los más pobres, la electricidad es un lujo que se raciona. Eso tiene nombre: pobreza energética. Hay una injusticia que ocurre dos veces al mes, sin aspavientos, dentro de un sobre blanco o en una notificación de celular: el recibo de la luz. Para una familia de clase media, es un gasto moderado y predecible. Para una familia en la periferia de cualquier ciudad mexicana —o en una comunidad rural del sur del país— puede representar el quince o el veinte por ciento de su ingreso mensual. A veces más. Eso es pobreza energética, y México lleva décadas mirándola de reojo. El concepto no es nuevo ni exclusivo de países en desarrollo. Europa lo lleva debatiendo desde los años noventa y hoy lo trata como emergencia de política pública. En México, en cambio, apenas empieza a aparecer en el lenguaje técnico de algunas dependencias, casi siempre como nota al pie. La definición es sencilla: un hogar en pobreza energética es aquel que destina una proporción desproporcionada de su ingreso a pagar servicios energéticos básicos —electricidad, gas, leña— o que directamente carece de acceso a ellos. Lo que esa definición no dice, pero implica, es que la energía barata para todos no existe: lo que existe es energía barata para los que ya tienen. "La energía barata para todos no existe en México. Lo que existe es energía barata para los que ya tienen." El sistema tarifario de la CFE es, en teoría, progresivo: las tarifas residenciales tienen subsidio y se escalonan según el consumo, de modo que quien consume más paga proporcionalmente más. El problema es que ese diseño asume que el consumo es una elección. Y para millones de familias no lo es. Una vivienda precaria, sin aislamiento térmico, en una zona con temperaturas extremas, consume más energía por necesidad, no por capricho. El subsidio que recibe ese hogar es menor al que recibe una residencia de clase media con aparatos eficientes, buena infraestructura y patrones d
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