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Baja California

Ensenada rechaza la extranjerización de tierras y megacentros aprobada

El Concejo Deliberante de Ensenada rechaza la extranjerización de tierras y megacentros tecnológicos por su impacto en recursos hídricos y energía.

Por Juan Tovar1 min de lectura
El Concejo Deliberante aboga por la soberanía territorial ante preocupaciones ambientales.
El Concejo Deliberante aboga por la soberanía territorial ante preocupaciones ambientales.
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Ensenada, Baja California. - El Concejo Deliberante de Ensenada aprobó un proyecto que rechaza la venta de tierras a empresas extranjeras y la instalación de megacentros de datos. La resolución, impulsada por el concejal Gerardo Preste del bloque Sekista, destaca preocupaciones sobre el consumo de agua y energía y la necesidad de proteger recursos estratégicos.

El cuerpo legislativo local cuestionó las políticas del Gobierno federal, enfocándose en el impacto ambiental que podrían tener estas grandes infraestructuras tecnológicas en zonas con recursos hídricos cruciales. Preste enfatizó los riesgos asociados al consumo excesivo de agua para refrigerar servidores y la demanda eléctrica que conllevan estos proyectos.

“Las inversiones extranjeras deben evaluarse en función de sus consecuencias sociales, ambientales y productivas”, señaló el concejal, planteando interrogantes sobre la viabilidad de las políticas de apertura económica del presidente Javier Milei. Su intervención incluyó ejemplos de cómo restricciones en otros países han sido implementadas debido a la presión sobre los sistemas hídricos y energéticos.

La discusión en Ensenada se suma a un debate nacional en torno a la regulación de la adquisición de tierras por extranjeros. Preste recordó incidentes de acaparamiento de tierras en la Patagonia, abogando por establecer límites a la concentración de propiedades en manos foráneas. La Ley 26.737, aprobada en 2011, busca restringir estas adquisiciones para salvaguardar la soberanía territorial.

El concejal también resaltó que la llegada de megacentros de datos podría generar disputas legales en comunidades afectadas, así como complicaciones para el acceso a recursos básicos. La evaluación de estos proyectos debe considerar el equilibrio entre desarrollo económico y la defensa del acceso a recursos naturales.

Con información de puntocapitalnoticias.com

Nota redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes citadas. Responsabilidad editorial: Redacción de El Congresista. ¿Detectaste un error? Repórtalo.

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