Tijuana, Baja California. - La Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) ha denunciado un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información, al enfrentar un procedimiento derivado de una denuncia presentada por la síndica procuradora de Tijuana, Teresita de Jesús Balderas Beltrán.
Datos clave
- Organización: Agencia Fronteriza de Noticias (AFN)
- Denuncia: Presentada por Teresita de Jesús Balderas Beltrán
- Fecha de la entrevista: 26 de abril de 2026
- Diligencia programada: 16 de julio de 2026
- Contexto: Presunta violencia política contra las mujeres
En una carta abierta dirigida a la opinión pública, la directora general de AFN, Dora Elena Cortés Juárez, expone que la denuncia afecta tanto a la agencia como a ella personalmente, debido a la publicación de una entrevista con el ex funcionario municipal Edgar Edoardo Rodríguez Delgado. Esta entrevista abordó presuntos actos de hostigamiento atribuibles a la síndica procuradora y se realizó en un evento público. AFN sostiene que las declaraciones del ex funcionario eran relevantes y no contenían expresiones ofensivas.
El 1 de julio, personal del Instituto Estatal Electoral de Baja California se presentó en las oficinas de AFN para entregar requerimientos vinculados a un procedimiento sobre presunta violencia política de género. AFN alega que desconocía las restricciones que impedían al ex funcionario hablar sobre la síndica procuradora, restricciones que la directora de comunicación social, Mariana López, corroboró.
¿Cómo impacta este procedimiento a la prensa?
AFN califica este procedimiento como una acción que vulnera la libertad de expresión y genera un ambiente inhibidor para los medios de comunicación. Los periodistas podrían enfrentarse a posibles repercusiones legales solo por informar sobre temas de interés público, lo que compromete el ejercicio del periodismo.
¿Qué medidas está tomando AFN?
La agencia ha sido citada para una audiencia el 16 de julio, donde deberá presentar pruebas de su defensa. En mensaje a sus apoyo, AFN manifiesta su inconformidad ante lo que considera un uso indebido de mecanismos legales destinados a proteger a las mujeres contra la violencia política, cuestionando así la ética de las autoridades al permitir esta clase de denuncias.
Hasta el momento, ni la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana ni el Instituto Estatal Electoral de Baja California han emitido declaraciones sobre este asunto.
Con información de diariotijuana.info