El río Sonora en México continúa enfrentando un grave deterioro ambiental y una falta de atención a las violaciones de derechos humanos, a más de doce años del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado por parte de Grupo México en 2014. Las comunidades afectadas marcharon recientemente para denunciar la impunidad y la negligencia que han caracterizado la respuesta gubernamental.
Datos clave
- Cuándo: 6 de agosto de 2014.
- Quién: Grupo México.
- Dónde: Río Sonora, México.
- Daño estimado: 20 mil millones de pesos.
- Personas afectadas: 1,500 con plomo en sangre, según CENAPRECE.
Los Comités de Cuenca del río Sonora, que agrupan a los afectados por el desastre, presentaron un informe que critica la inacción de los gobiernos federal y estatal en la reparación del daño. Afirman que, aunque se ha anunciando un Plan de Justicia, este sigue siendo opaco y no cuenta con el respaldo legal necesario. Además, la cifra prometida de 1,500 millones de pesos representa solo el 7.5% del daño total reconocido.
¿Qué consecuencias ha tenido el derrame para la salud pública?
La salud de la población en la cuenca sigue poniendo en riesgo a sus habitantes, ya que se han identificado niveles alarmantes de plomo en sangre en cientos de casos. A pesar de que las autoridades han realizado muestreos, no se ha proporcionado la atención médica necesaria a quienes han resultado afectados. Los diagnósticos toxicológicos no se han compartido de manera efectiva, y la falta de información ha generado desconfianza entre la comunidad.
Los monitoreos más recientes indican la presencia de mercurio y arsénico en el agua, factores que amplifican el riesgo de enfermedades. A esto se suma un proceso de remediación ambiental que continúa sin ser comunicado adecuadamente a los residentes, quienes se sienten excluidos de las decisiones que afectan su salud y entorno.
Las acusaciones contra Grupo México se centran en la falta de transparencia y en la opacidad de los acuerdos firmados con el gobierno. Las comunidades han exigido claridad sobre la existencia de un convenio oficial con la empresa, ya que notaron disparidades en la información proporcionada por diferentes instancias gubernamentales. Este tema se ha vuelto crítico, sobre todo ante la ausencia de respuesta efectiva y la sensación de que se ignoran sus demandas.
La prolongada situación de impunidad y la falta de medidas efectivas no solo afectan el presente de los pobladores, también tienen implicaciones a largo plazo en su salud y bienestar, reafirmando cómo la simulación acerca de reparaciones puede convertirse en una realidad trágica para muchos.
Con información de infobae.com