Ciudad de México, CDMX. - En 2025, se estimaron 33.8 millones de delitos en México, de los cuales 93.4 por ciento no fueron denunciados o no generaron una carpeta de investigación, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI. Esta situación resalta una preocupante falta de confianza en las instituciones de seguridad y justicia.
Las razones de esta desconfianza son múltiples. El temor a represalias, los trámites complicados y las malas experiencias previas influyen en la decisión de los ciudadanos de no acudir a reportar delitos. Como resultado, la percepción de que hacer una denuncia es una pérdida de tiempo se ha generalizado, afectando no solo la seguridad pública, sino también la confianza institucional en el país.
El debil estado de la justicia penal se debe a fallos en los diversos eslabones del sistema, desde la falta de respuesta de la policía hasta problemas en las fiscalías y tribunales. Con frecuencia, la corrupción es señalada como un factor, aunque también influyen otros elementos como la escasez de personal y la falta de capacitación. Este entorno crea una percepción de impunidad que desanima a las víctimas de buscar justicia.
A esta problemática se suma la incertidumbre generada por la reforma judicial, que ha suscitado preocupaciones sobre la selección y evaluación de jueces, lo que a su vez afecta la confianza pública. Las renuncias de jueces y críticas hacia el sistema no hacen sino reforzar ese clima de desconfianza.
El estado actual de la justicia en México requiere urgentemente reformas efectivas. No se trata solo de aumentar penas o de realizar detenciones, sino de garantizar que las instituciones realmente cumplan con su deber de proteger a las víctimas y de proporcionar respuestas adecuadas a la ciudadanía.
Con información de quadratin.com.mx