Ensenada, Baja California. - La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un cateo en la estación de servicio Orlando’s Smart, ubicada en San Antonio de las Minas, el 20 de octubre, a pesar de que los propietarios presentaron un amparo vigente que protegía el establecimiento. Este operativo ha suscitado inquietudes sobre el respeto a los procesos legales y las posibles irregularidades durante la diligencia.
Los encargados de la gasolinera informaron a los agentes de la FGR sobre la restricción legal, mostrando la documentación pertinente. Sin embargo, los elementos encargados del cateo procedieron con la diligencia, forzando la entrada al local, según indicaron los propietarios. Durante el comunicado, se indicó que el acceso a ciertas áreas fue restringido y se desconectó el sistema de videovigilancia, generando preocupación ante la actuación judicial.
Los dueños de la estación solicitaron a la Fiscal General, Ernestina Godoy, y a la delegada de Baja California, Teofila González Lozada, que se respeten los derechos legales en este caso. La interrupción del sistema de videovigilancia, así como las medidas impuestas, levantaron serias dudas sobre la probidad del proceso.
"La actuación de la FGR nos parece sospechosa, dado que se ignoró un amparo que se presentó ante ellos", afirmaron los propietarios. Las acciones de la FGR han generado una ola de críticas y han puesto en el centro del debate las prácticas de la autoridad en la aplicación de la ley.
El evento ha encendido alarmas sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales y el respeto al proceso legal en el país, especialmente en contextos donde la transparencia y la seguridad jurídica son cruciales para los ciudadanos.
Con información de zetatijuana.com