La reforma aprobada en San Luis Potosí, conocida como "Ley Serrano", establece penales para el uso indebido de inteligencia artificial. Desde su implementación, se han registrado casos de detenciones de comunicadores en el estado, lo que ha suscitado críticas sobre su constitucionalidad y la amenaza que representa para la libertad de expresión.
Artículo 19, una organización defensora de derechos humanos, ha documentado que esta ley ha sido utilizada para procesar a individuos, incluyendo a dos mujeres vinculadas al ámbito periodístico. Las nuevas disposiciones incluyen delitos relacionados con la manipulación y difusión de contenido generado por inteligencia artificial, lo que puede ser interpretado de manera muy amplia.
Expertos han señalado que la reforma no solo afecta a periodistas, sino también a cualquier persona que exprese críticas al gobierno. La indefinición en las leyes genera un ambiente de inseguridad para comunicadores y defensores de derechos. Además, la falta de consulta previa con actores relevantes, como periodistas y especialistas en derechos humanos, ha intensificado el rechazo a la norma.
La iniciativa para derogar la ley fue presentada el 5 de junio, pero no ha avanzado en el Congreso local. La falta de acciones legislativas en este sentido y la ausencia de debate público han dejado preocupaciones sobre la protección de la libertad de expresión en la región. La derogación, argumentan los proponentes, no tendría coste para el erario, al tiempo que es crucial para salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
La situación exige un análisis más profundo sobre el uso de inteligencia artificial y su regulación. Los gobernantes deben encontrar un balance entre el avance tecnológico y la protección de los derechos humanos.
Con información de proceso.com.mx