Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana decomisaron 59 explosivos de fabricación casera durante un operativo en la autopista México-Cuernavaca. El 8 de junio de 2026, los artefactos fueron encontrados en autobuses que transportaban a familiares de los 43 normalistas desaparecidos y maestros de la CETEG, quienes se dirigían a la Ciudad de México para protestar en el duodécimo aniversario de la desaparición.
El operativo se activó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible presencia de explosivos en los vehículos. La Secretaría de Gobernación confirmó el hallazgo y destacó que las manifestaciones pacíficas son permitidas, siempre que no representen un riesgo para la población. La agrupación Zorros fue la responsable del decomiso y cuidado de los artefactos.
Desde la mañana del mismo día, agentes policiales bloquearon el acceso por la caseta de Topilejo, lo que afectó el tránsito de al menos 20 autobuses. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reportó que cientos de granaderos y elementos de la Guardia Nacional impidieron el paso. Tras varias horas de tensión, los normalistas y sus familias lograron continuar su trayecto alrededor de las 14:00 horas.
Isidoro Vicario, abogado de los familiares de los normalistas, denunció públicamente los bloqueos y exigió el libre acceso a la Ciudad de México. El contingente tenía planes de realizar un mitin en el Antimonumento de los 43 para exigir la presentación con vida de los desaparecidos. Simultáneamente, la CNTE llevó a cabo movilizaciones en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, interrumpiendo operaciones de PEMEX y realizando bloqueos estratégicos.
El decomiso de explosivos en este contexto añade una nueva capa de tensión a las protestas, mientras que la CNTE mantiene negociaciones con el Gobierno Federal sobre la reforma al régimen de pensiones del ISSSTE. La situación podría intensificarse debido al número de bloqueos y las carpetas de investigación abiertas contra líderes magisteriales en Guerrero.
Con información de zetatijuana.com