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Gaseros logran acuerdo con Sener para subir precios y evitar crisis

Tras un acuerdo con Sener, los gaseros lograron aumentar su margen, pero advierten que aún enfrentan riesgos que podrían afectar la seguridad y el servicio.

Por Redacción1 min de lectura
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El sector del gas LP consigue un margen mayor para mantener operaciones, pero advierte que aún enfrenta riesgos que pueden afectar la seguridad y el servicio. Desde la conclusión de un diálogo con la Secretaría de Energía, los distribuidores de gas licuado en México lograron establecer un nuevo margen de beneficios, permitiendo un ajuste en los precios para superar las limitaciones previas. La negociación busca brindar estabilidad y certidumbre a una industria que enfrenta desafíos financieros debido a las políticas de control de precios implementadas desde 2021, las cuales limitaron severamente sus ingresos y operatividad. Este acuerdo establece un precio máximo de 10.64 pesos por litro, que incluye los costos del producto, logística, carga regulatoria y una utilidad mínima. Sin embargo, especialistas advierten que el margen actual, situado en 3.51 pesos por litro, aún es insuficiente para cubrir todos los gastos operativos y de mantenimiento, poniendo en riesgo la seguridad en la distribución del gas. La infraestructura y protocolos de seguridad, críticos para evitar accidentes como explosiones, dependen de recursos adecuados que la situación financiera todavía limita. Históricamente, el costo del gas LP llegó a estar en torno a los 14 pesos por litro, pero los topes actuales han reducido su precio, beneficiando parcialmente a los consumidores. No obstante, la disminución también ha provocado recortes en inversiones en unidades y equipos capaces de garantizar una operación segura y eficiente. La futura regulación del sector, que puede alterar aún más la carga normativa, dependerá de los recursos económicos de las empresas para prevenir riesgos y mejorar la protección al usuario. Expertos consideran que, aunque el acuerdo es un paso intermedio, los márgenes aún no favorecen una operación sustentable. La seguridad de los usuarios y trabajadores requiere inversiones que, por ahora, permanecen limitadas. La supervisión y regulación del sector seguirán siendo clave par

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