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SCJN confirma deuda millonaria de Grupo Salinas y desestima recursos de amparo

La SCJN confirmó que Ricardo Salinas Pliego debe pagar más de 50 mil millones de pesos en deuda, tras desestimar recursos de amparo presentados por el grupo empresarial.

Por Redacción1 min de lectura
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba el pago de más de 50,000 millones de pesos por parte de Ricardo Salinas Pliego, reafirmando decisiones judiciales previas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió rechazar recientes recursos de amparo presentados por Grupo Salinas, concretando así en firme que Ricardo Salinas Pliego debe pagar una deuda superior a los 50,000 millones de pesos acumulada por distintas obligaciones fiscales y financieras. En particular, se confirmó la sentencia del Tribunal Colegiado que obliga a la compañía a abonar aproximadamente 33,300 millones de pesos, en incremento respecto a los 18,400 millones originalmente establecidos. El proceso judicial incluyó diferentes casos relacionados con créditos fiscales y multas por ejercicios fiscales que datan de 2008 a 2014. La resolución también se extendió a otros litigios en los que se desecharon amparos que pretendían detener el pago de conceptos tributarios, como el Impuesto sobre la Renta (ISR), actualización, recargos y multas, que en conjunto superan los 2,000 millones de pesos en algunos casos. Un aspecto destacado del proceso fue la utilización de tecnologías digitales; en uno de los proyectos, el ministro Arístides Guerrero permitió que su exposición fuera consultada mediante un código QR, manteniendo así un enfoque innovador en la labor judicial. Además, la decisión de la Corte afirmó la validez de participar en debates internos a los ministros, rechazando solicitudes que buscaban restringir su participación en temas relacionados con las empresas del empresario. Este fallo evidencia la continuidad del Estado de Derecho frente a las complejidades jurídicas que enfrentan grandes conglomerados empresariales en México, reforzando la autoridad de la fiscalía y los tribunales en la recuperación de recursos públicos.

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