La decisión ocurre pese a antecedentes legales y vínculos con actividades ilícitas, revalorando la relación entre política y seguridad privada en México. En 2019, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, designó a Hernán Bermúdez como director de Seguridad Pública en Tabasco, a pesar de que en esa época Bermúdez controlaba varias compañías dedicadas a servicios de vigilancia, traslado de valores y seguridad en distintas regiones del país. Desde 1998, López Hernández, en su ejercicio como notario público, intervino en el registro y autorización de varias sociedades relacionadas con Bermúdez Requena, evidenciando una relación que se remonta más de dos décadas. Actualmente, esas empresas permanecen activas en los registros oficiales, pese a reportes de investigaciones que sugieren vínculos con actividades ilícitas. Un informe del Ejército, filtrado por la plataforma Guacamaya Leaks, indica que desde 1999, Bermúdez y su familia estuvieron implicados en el tráfico de cocaína en diversos centros nocturnos y establecimientos de entretenimiento. Entre las empresas fundadas en ese periodo se encuentran Impacto Seguridad Profesional y SEVIPRO, ambas creadas en 1998 y aún operativas, lo que genera cuestionamientos sobre la relación entre las autoridades y las empresas del sector privado de seguridad en México. Este caso revela las complejidades en la supervisión de la seguridad privada y la posible influencia de vínculos legales e ilegales en decisiones políticas que afectan la seguridad pública del país. La presencia de antecedentes criminales en un contexto de nombramientos oficiales plantea la necesidad de mayor transparencia y supervisión en las relaciones entre sector privado y gobierno en temas de seguridad.
Temas: