Un aumento exponencial en fondos sin reglas claras en 2025 revela posibles desviaciones en el manejo de recursos públicos en la institución legislativa. En 2025, la partida presupuestal para transferencias y ayudas discrecionales del Senado de la República experimentó un incremento superior a 11,000 por ciento, alcanzando casi 900 millones de pesos. Este aumento se concentró en el Capítulo 4000, que en el año anterior tuvo una asignación de apenas 8 millones 69 mil pesos. La mayor parte de estos recursos, gestionados por la Junta de Coordinación Política, suele destinarse a apoyar a legisladores aliados, incluyendo partidos como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, sin que exista una supervisión clara sobre su uso. Mientras tanto, las partidas destinadas a inversión pública y otras áreas con reglas más estrictas permanecieron prácticamente sin fondos en 2025, señalando un posible desplazamiento de recursos hacia programas con menor transparencia. El gasto total del Senado en ese año fue de poco más de 4,251 millones de pesos, con casi la mitad destinado a salarios y prestaciones para legisladores y personal. Adicionalmente, un órgano del Senado, el Instituto Belisario Domínguez, manejado por la actual administración, tuvo un presupuesto de 11.7 millones de pesos en 2025, sin detalles claros acerca de su aplicación. Fundado en 1985 para elaborar estudios estratégicos, en años recientes ha sido objeto de cuestionamientos por su opacidad bajo control de las nuevas autoridades morenistas. Este incremento en fondos discrecionales refleja una tendencia en el Legislativo mexicano donde, en medio de los debates sobre transparencia y rendición de cuentas, ciertos recursos públicos continúan dirigiéndose a áreas con poca supervisión, poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización en las instituciones legislativas. El contexto político actual sitúa a estos movimientos en un escenario más amplio donde la asignación de
Sábado, 9 de mayo de 2026
