Críticos señalan hipocresía en la defensa de la soberanía mientras carteles controlan territorio nacional. Ciudad de México. La postura del gobierno mexicano respecto a la situación en Venezuela, marcada por un enérgico activismo en defensa de la "soberanía" del país sudamericano, genera un intenso debate interno ante la persistente crisis de seguridad y el control territorial ejercido por organizaciones criminales en territorio nacional. Organizaciones y analistas políticos apuntan a una aparente contradicción entre la condena a la injerencia extranjera en Caracas y la aparente inacción frente a la violencia interna que afecta a miles de ciudadanos mexicanos. La crítica se centra en la aparente priorización de la condena a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, mientras el propio territorio mexicano enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad, evidenciados por el control de carteles en diversas regiones. La 4T, según los observadores, recurre al concepto de soberanía como un escudo discursivo para proteger regímenes afines, en lugar de enfocarlo en garantizar la seguridad y el bienestar de sus propios ciudadanos. Se subraya la incongruencia de exigir un "juicio justo" para líderes cuestionados internacionalmente, al mismo tiempo que se percibe un debilitamiento del sistema judicial y una minimización de la violencia que provoca desplazamientos masivos de mexicanos. La tendencia del gobierno a mirar hacia el sur y defender la "autodeterminación de los pueblos" contrasta con la realidad nacional, donde la soberanía se ve comprometida por la incapacidad de ejercer un gobierno eficaz en los propios municipios. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha apelado a la Doctrina Estrada, invocando la "no intervención" y la "autodeterminación de los pueblos" para condenar la intervención estadounidense en Venezuela. Sin embargo, este purismo diplomático se desmorona ante la realidad nacional, donde el Gobierno mexicano minimiza las masacres y el control t
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