Agricultores advierten que la legislación actual podría poner en riesgo sus patrimonios y el uso urbano del agua, solicitando mayor inversión en Conagua. La reciente propuesta de modificación a la ley de aguas en México ha generado inquietud entre los agricultores, quienes consideran que la legislación actual podría derivar en una expropiación del recurso hídrico y poner en peligro la continuidad de sus actividades productivas. Expertos en el sector agrícola señalan que la nueva normativa, en su redacción, establece que los derechos otorgados por concesiones no podrán ser heredados, lo que implicaría la extinción automática de dichas concesiones al fallecer el titular. Esto dejaría a los productores en una situación de vulnerabilidad, con el riesgo de que el agua pase a control de la autoridad y no pueda ser transmitida entre generaciones, afectando seriamente las labores familiares y las inversiones realizadas en el campo. Históricamente, la gestión del agua en México ha enfrentado retos importantes, como la insuficiencia de personal en órganos reguladores y un alto rezago en trámites y inspecciones. La región de Chihuahua, donde estas problemáticas adquieren mayor dimensión, cuenta con apenas cinco inspectores para supervisar 67 municipios. La falta de recursos y organización en Conagua ha sido una constante, y en lugar de reforzar estas capacidades, se destinan recursos a foros y debates que no benefician directamente a los productores. Expertos alertan que la centralización del control del agua y la introducción de cambios sin una adecuada gobernanza pueden poner en riesgo también su uso en ámbitos urbanos para el consumo de la población. Se hace un llamado a fortalecer las capacidades de Conagua y a aplicar de manera efectiva la legislación vigente, que ha demostrado ser suficiente para atender las necesidades del país si se ejerce con responsabilidad. La preocupación de los agricultores radica en que la nueva ley puede generar expectativas negativas y limitar
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