Morelia, Michoacán. - La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer el descubrimiento de una presunta red nacional dedicada al contrabando de hidrocarburos. Las investigaciones iniciaron tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila, que representaban un riesgo significativo para la población.
Datos clave
- Quién: Fiscalía General de la República (FGR)
- Qué: Investigación sobre contrabando de hidrocarburos
- Dónde: Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo Laredo
- Cuánto: Daño patrimonial estimado en más de 4 mil millones de pesos
- Cuándo: Investigación en curso desde 2023
El caso se originó en Ramos Arizpe, Coahuila, donde se localizaron los ferrotanques. Estos contenedores no solo eran un peligro por las altas temperaturas, sino que también se desconocía qué sustancias transportaban. Tras inspecciones y análisis, se establecieron pautas claras sobre su contenido. La FGR informó que se hallaron otros ferrotanques en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, implicando una ruta ferroviaria utilizada para movilizar el combustible de manera ilegal.
La Fiscalía ha reunido 96 datos de prueba, que incluyen estudios químicos y fotográficos, así como el análisis de documentos aduanales para identificar a la empresa principal involucrada. Esta entidad fue constituida en 2018 en la Ciudad de México y ha violado regulaciones fiscales al declarar solo una fracción de la carga real de los ferrotanques. Entre los involucrados se encuentran José "N" y Ernesto "N", quienes han desempeñado roles clave en la gestión del negocio.
¿Qué significa para el sector energético?
La investigación de la FGR señala un grave impacto en el sector energético mexicano. Se estima que el contrabando de hidrocarburos puede comprometer las finanzas públicas considerablemente. Las pérdidas fiscales se cuantifican en más de 4 mil millones de pesos hasta la fecha, lo que afecta la capacidad del gobierno para invertir en infraestructura y servicios públicos.
¿A quién afecta esta situación?
Las operaciones ilegales de contrabando no solo afectan la economía nacional, sino también la competitividad del sector energético. Gasolineras y empresas que cumplen con la ley podrían enfrentar desventajas competitivas significativas. Además, esta situación genera preocupaciones de seguridad y medioambientales que pueden repercutir en la salud pública.
La FGR continúa su investigación, que se lleva a cabo de manera transparente y respetando los derechos de los involucrados. A medida que avancemos en 2023, se espera que se tomen medidas para asegurar que se tomen las acciones correctivas necesarias y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
Con información de mimorelia.com